De la reunión, que se celebró esta mañana en el Congreso de los Diputados, sólo trascendió inicialmente que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinos, la Alianza Madrileña por una Ley de Vivienda, UGT y CCOO habían entregado dicho texto, pero fuentes de Unidas Podemos consultadas por Servimedia confirmaron que la intención es hacerlo suyo y registrarlo en la Cámara Baja, “previsiblemente la semana que viene”.

El texto, al que tuvo acceso esta agencia, contempla “la consideración real y efectiva del derecho subjetivo que toda persona tiene a una vivienda digna, adecuada y asequible , poniendo prioritaria y necesariamente a disposición de los ciudadanos una primera vivienda, ya sea en régimen de propiedad, de alquiler, de cesión de uso, o de cualquier fórmula legal de tenencia temporal y , supletoria o subsidiariamente, la implementación de un adecuado sistema de ayudas y prestaciones económicas destinada al efecto”.

Además, “se prohíben expresamente los desahucios con fecha abierta, y se plantea que la ocupación de vivienda vacía de entidades financieras no se aborde por la vía del procedimiento penal, cuando ya existe la vía civil”, y se garantiza la "obligatoriedad del realojo adecuado" en caso de lanzamiento. La inminente proposición de ley también “regula la dación en pago y limita la responsabilidad al bien hipotecado, incluyendo la inembargabilidad de la única vivienda de las terceras personas que avalaron el préstamo”.

Por lo que respecta al alquiler, el texto faculta "la actuación sobre áreas urbanas declaradas como de mercado de vivienda tensionado, y la posibilidad de fijación de índices de referencia en relación a las rentas"; es decir, el mecanismo ya pactado por el PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de gobierno y como adjunto al proyecto de Presupuestos de este año, que ahora el grupo confederal vuelve a plantear como su máxima exigencia para negociar las cuentas públicas del próximo, junto a una reforma fiscal que establezca un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades. ERC, EH Bildu y Más País también exigen la regulación del alquiler.

El documento también prohíbe la venta del parque público de vivienda, “marca un objetivo de solidaridad urbana para, antes del año 2050, llegar a que el 20% del parque total de viviendas cumpla políticas sociales”, y une a la prohibición de los desahucios la del corte de suministros básicos.

"El derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable y a energía para la cocina, la calefacción y la luz, y el derecho al agua y al saneamiento. Por ello se garantizan estos servicios a todas las personas en situación de riesgo de exclusión residencial, económica o social, aplicándose el principio de precaución en caso de impago hasta que se acredite por los servicios sociales, y no admitiendo impagos previos como razón para denegar un nuevo contrato de suministro. Se establece una tarifa social, como obligación de servicio público, en los suministros de agua, luz y gas, que será financiada, con porcentajes de reparto, entre las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras", reza literalmente.