El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, indicó que este plan "pretende mejorar la integración de los jóvenes desempleados con cualificación profesional pero sin experiencia laboral".

Esta medida, según Trabajo, constituye una nueva herramienta de lucha contra el paro juvenil en nuestro país, a la vez que se clarifican los derechos de las personas que realicen estas prácticas.

La medida consiste en el desarrollo de prácticas profesionales no laborales en empresas que hayan celebrado previamente convenios de colaboración con los Servicios Públicos de Empleo a estos efectos.

Estas prácticas podrán desarrollarlas personas jóvenes desempleadas, de entre dieciocho y veinticinco años, con titulación universitaria, título de Formación Profesional o certificado de profesionalidad pero nula o escasa experiencia laboral.

Las prácticas serán llevadas a cabo bajo la dirección y supervisión de un tutor en los centros de trabajo de la empresa y tendrán una duración de entre seis y nueve meses, durante los cuales percibirán una beca de asistencia que, como mínimo, será del 80 por 100 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Se prevé que, a la finalización de las prácticas, obtengan un certificado que acredite su realización.

A dichas personas también se les aplicarán los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social contemplados en el real decreto aprobado el pasado 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, según marca la ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

Estas prácticas no laborales podrán culminar en una contratación laboral por parte de las empresas en donde se hayan desarrollado.

Los contratos que se formalicen podrán beneficiarse de medidas de apoyo a la contratación, tanto en el ámbito de la formación profesional para el empleo, como es el caso de los convenios de colaboración con compromiso de contratación, como en los programas de incentivos al empleo.

No están incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto las prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares de los estudiantes universitarios que se regirán por su normativa específica.