Lo hizo a través de una carta dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a la consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Concepción Dancausa, en la que les trasladó que “la interrupción voluntaria del embarazo está muy lejos de ser una prestación normalizada en la cartera de servicios de la sanidad pública madrileña”, como lo pone de manifiesto que en la región no se practicó ningún aborto en 2018 en centros públicos, y sólo dos en 2017, según los datos del Ministerio de Sanidad.

También censuró que en la Comunidad de Madrid “se está haciendo un uso fraudulento de la ley” y “una perversión del derecho individual a la objeción de conciencia de las profesionales médicas de los centros sanitarios públicos, de forma que la sanidad pública madrileña se desentiende de las mujeres para derivarlas a las clínicas autorizadas incluso en los casos más graves y de mayor impacto emocional por gestión avanzada, que requieren de mayores médicos técnicos”.

En ese sentido, acusó a la Comunidad de “vulnerar los derechos de las mujeres por su inacción frente al acoso que los grupos antielección ejercen contra ellas y contra profesionales de las clínicas”.

A su vez, reclamó que se acabe con “las barreras para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como prestación sanitaria universal para todas las mujeres”, y que se abrogue la exigencia de acreditar la residencia a las mujeres migrantes, quienes se encuentran en una situación más vulnerable.

Reivindicó el derecho a “decidir cuándo ser madres o cuándo interrumpir su embarazo, y a poder hacerlo sin acoso, con garantías de calidad en la sanidad pública y sin barreras de acceso por edad o situación administrativa”.

Por último, solicitó una entrevista con las autoridades autonómicas para transmitirles la realidad que denuncia.