Así lo denunció en un comunicado en el que pidió que se puedan recurrir multas en esta vía sin asistencia de abogado, al menos como ocurre en la vía civil cuando la cuantía que se reclame no supere los 2.000 euros.
Además, reclamó que el derecho a presentar alegaciones no implique la pérdida del descuento por pronto pago, o, al menos que esa reducción del 50% “se mantenga en aquellos casos en los que el conductor ha conseguido que se rebaje la sanción”.

OCU recordó que, pese a las restricciones de movilidad sufridas a lo largo del año 2020 por la pandemia, las multas de tráfico “apenas decrecieron” e incluso se añadieron a la normativa nuevas infracciones, mientras, a su juicio, “se mantienen las trabas y las escasas probabilidades de recurrir con éxito”.
Tras puntualizar que los excesos de velocidad son la “principal amenaza para el bolsillo de los conductores”, subrayó que, según datos de la Dirección General de Tráfico, de las 3.543.451 multas que se impusieron el pasado ejercicio, el 68,6% se debieron a exceso de velocidad, seguida de la infracción por tener la ITV caducada (12,39%) o circular sin seguro obligatorio (4,5%).
La organización criticó que la administración “muestre una tendencia cada vez más acusada a convertir el derecho esencial a defenderse de los conductores” en un “camino lleno de trabas y disuasiones” y puso como “ejemplo” que, mientras que la administración “goza de la presunción de veracidad”, los ciudadanos han de aportar pruebas que, “en muchas ocasiones están en los registros de la propia DGT”.

Asimismo, lamentó que, si el ciudadano recurre, “pierde el derecho a la reducción de la sanción, encontrándose a la postre una respuesta estandarizada de quien no se ha molestado en leer las alegaciones”.
VÍA JUDICIAL
Por otro lado, la organización puntualizó que, en la vía judicial “no se asegura una tutela judicial efectiva”, al entender que, para demandar a la administración, “es necesario contar con abogado, mientras que en la jurisdicción civil no es necesario en reclamaciones hasta 2.000 euros”.
Además, el ciudadano puede ser condenado en costas, incluso, según OCU, “cuando se estiman sus peticiones”, circunstancia que, a su juicio, “lleva a que la mayoría de los interesados desista y se engorden así las arcas de la administración”.
Todo ello, según la asociación, “por no contar con un proceso garantista, sencillo, seguro y con un coste mínimo”.