Al superar la enmienda a la totalidad, la reforma continuará su trámite parlamentario en ponencia, comisión y Pleno.

Durante el debate, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, acusó al PP de someter las pensiones a “la política de tierra quemada” y de tomar “como rehenes a los pensionistas”.

Escrivá dijo al diputado del PP Tomás Cabezón, encargado de defender la enmienda, que la alternativa que propone es volver a la reforma de pensiones de 2013, que supondría “el recorte del 40% de la pensión”. “Tenga el coraje de decir lo que implica esto” y “reconozcan este recorte enorme”, afirmó el ministro.

Señaló que “nadie defiende” el factor de sostenibilidad y que el mecanismo de equidad intergeneracional que lo sustituirá en la reforma hoy debatida será “contingente” y “se activaría sólo si la evolución de ingresos y gastos lo requiriera” y en los años de mayor presión sobre el sistema por la demografía.

Escrivá consideró que “no tiene ningún sentido bloquear este proceso consensuado” ni tampoco “la llegada de fondos europeos” con el mismo, y recordó que la Comisión Europea le ha dado el visto bueno al aprobar el plan de recuperación de España.

“PROYECTO INCOMPLETO”

Por su parte, el diputado del PP reprochó al ministro que se “reserve la medida estrella” de la reforma de pensiones, el mecanismo de equidad intergeneracional, “para introducirla por la puerta de atrás y como enmienda”.

En esta línea, Cabezón negó el apoyo del PP a la reforma por ser “un proyecto incompleto” del que “desconocemos su contenido fundamental” y consideró que el mecanismo de equidad “es su recorte, el que no se atreve a plantear en la reforma porque si no, no saldría adelante y no se desbloquearía en el banco azul”.

Cabezón continuó diciéndole a Escrivá que “está siendo como los peores trileros, presentando un mecanismo de equidad que no va a salir adelante para echar la responsabilidad al PP”.

Además, opinó que “sólo busca engañar a Europa” con la reforma y “lo que pactó en julio con los agentes sociales fue una patada hacia adelante” para “salvarse” de la crisis de Gobierno.

“El PP nunca apoyará una reforma de la que no sabemos casi nada, solo piensa en las elecciones próximas y se tapa los ojos ante realidad demográfica y socioeconómica de este país”, afirmó.

Sobre las formas, Cabezón acusó al ministro de “saltarse” el Pacto de Toledo con la reforma de las pensiones y puso de ejemplo el complemento por brecha de género, que “a posteriori del acuerdo trajo esa reforma al Pacto de Toledo”.

MEDIDAS DE LA REFORMA

La primera parte de la reforma global del sistema público de pensiones acordada en julio con los agentes sociales recupera la revalorización con el IPC, sin que haya descuento en los años de inflación negativa, y sustituye el Factor de Sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional a negociar en el diálogo social hasta el 15 de noviembre de 2021.

Escrivá subrayó en el Pleno que “España no necesita cambiar su edad de jubilación, es adecuada y suficiente”, mientras se proponen incentivos para aproximar la edad efectiva a la legal como son un aumento de la pensión o un pago único por año que se retrase la jubilación de forma voluntaria. También se modifican los coeficientes de recorte de la pensión en la anticipada, siendo mayores para quien se retire en los primeros meses o los últimos dentro de los 24 meses legales que se puede anticipar el retiro.

Escrivá también destacó que el Estado se hará cargo de 18.400 millones de euros en 2022 de déficit de la Seguridad Social, continuando con la separación de fuentes de financiación, y que se eliminan las cláusulas de jubilación forzosa antes de los 68 años en los convenios colectivos, a excepción de una serie de sectores en los que la ocupación de las mujeres sea inferior al 20%.

Otra de las medidas consiste en la exoneración del 75% de las cuotas empresariales por contingencias comunes en las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores a partir de los 62 años con el objetivo de que esas personas puedan seguir activas en el mercado de trabajo y las empresas no tengan barreras para mantenerlas.

Sobre la cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, se establece que se aprobará el nuevo sistema en 2022 y empezará a aplicarse en 2023 con un despliegue gradual de hasta nueve años.