Así lo denunciaron este miércoles la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), que presentaron el sexto Estudio de Precios de Colegios Concertados, que según sus promotores “evidencia la falta de transparencia y discriminación que sufren las familias ante la exigencia de cuotas obligatorias en colegios concertados”.

La investigación, realizada por Garlic B2B con la técnica del ‘comprador misterioso’ (haciéndose pasar por hipotéticos padres interesados en escolarizar a sus hijos), concluye que existe “una deficiencia estructural de transparencia” en la comunicación a las familias sobre los precios de las cuotas complementarias, pues un 45% no entrega ningún documento que los especifique.

Estos datos parten de los datos obtenidos de 338 centros concertados de siete comunidades autónomas (31 centros de Galicia, 39 del País Vasco, 101 de la Comunidad de Madrid, 27 de Aragón, 55 de Cataluña, 31 de la Comunidad Valenciana y 54 Andalucía), y que según la consultora serían extrapolables al conjunto de colegios que se benefician del régimen de conciertos educativos. Según datos oficiales del curso 2020-21, en España hay 28.624 centros, de los que 19.197 son públicos y los restantes 9.427 privados y concertados.

El citado estudio concluye también que el 87% de esos 338 colegios investigados cobra una cuota base a las familias, siendo obligatoria en el 77% de los casos (226 centros), “contraviniendo el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos”.

Según la directora de Cicae, Elena Cid, “este modelo de negocio hace daño a la enseñanza pública y a la concertada tradicional”, especialmente en Cataluña y Madrid, que dentro de lar regiones estudiadas presentan las cuotas base mensuales más elevadas, con medias de 202 euros y 133 euros, respectivamente.

“Hay coles que no cobran ninguna cuota. Es sorprendente que todos reciban la misma financiación”, subrayó Cid, en referencia a la “excusa” de “la infrafinanciación” que esgrimen quienes la cobran, que deja paso a “una variedad de prácticas irregulares y opacidad”. “Se está incumpliendo el concierto educativo, protestó, pues “hay centros que se están lucrando con esa connivencia de la administración”.

Para la presidenta de Ceapa, Leticia Cardenal, la red concertada debe ser “subsidiaria” de la pública. “No entendemos que se siga cerrando a los ojos” y que se esté “abrasando a las familias con cuotas que sólo sirven para hacer negocio y hacerse ricos unos pocos”, lamentó, para lo que citó incluso que les han llegado casos de ‘tasas Covid’ con solicitud de cobros extra para adquirir en los centros productos desinfectantes y de protección frente al coronavirus. Cardenal mostró “esperanza” en que la Lomloe haga que las administraciones “velen por que se cumpla la ley de conciertos”.

TRANSPARENCIA

Amparo Nuñez, directora de proyectos de la consultora, expresó que existe “una deficiencia estructural de transparencia en la comunicación a las familias”, por la gran dificultad para obtener documentación que indique con claridad los pagos que se exigen, los conceptos por los que se cobran o el horario de las actividades complementarias.

A pesar de solicitarlo en varias ocasiones, un 45% de estos colegios ni siquiera entrega hoja de precios o algún documento que especifique las cuantías de las cuotas complementarias.

A este coste, las familias tienen que sumar el desembolso de otro tipo de servicios y actividades, que también se recogen en el informe, llegando a superar en parte de los casos los 3.000 euros anuales de inversión total. En algunos colegios el precio de la cuota viene condicionado por los servicios contratados; si una familia no quiere pagar la cuota complementaria, los costes de otros servicios se incrementan.