La consejera hizo estas declaraciones durante su visita a uno de estos recursos, ubicado en el distrito de Hortaleza y gestionado por la Fundación Manantial, con motivo de la celebración el próximo domingo del Día Internacional de la Salud Mental y que este año tiene por lema ‘Atención de salud mental para todos: hagámosla realidad’.

La consejera recorrió las distintas instalaciones, que cuentan con 175 plazas concertadas repartidas en residencia, rehabilitación laboral y rehabilitación psicosocial, y pudo intercambiar impresiones tanto con sus usuarios como con los profesionales que les atienden.

A ellos les agradeció la importante labor que realizan “para que estas personas conserven su autonomía y los lazos sociales, las relaciones y la interacción con su entorno”.

La Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera de la Comunidad de Madrid está formada por 6.669 plazas, distribuidas en 225 centros propios y concertados de atención social especializada, que dan respuesta a las diferentes necesidades psicosociales, laborales, residenciales y de estas personas y apoyan su integración social, siempre en coordinación con los Servicios de Salud Mental y con especial atención y respaldo a las familias. El coste anual de estos recursos asciende a 71,8 millones de euros.

Entre ellos están los Centros de Rehabilitación Psicosocial, que ofrecen programas individualizados para ayudar a recuperar el máximo grado de autonomía personal y social manteniendo la integración de sus usuarios en la comunidad y asesorando a su entorno familiar.

También se encuentran los Centros de Día de Soporte Social, que desarrollan programas y actividades para ayudar a las personas con mayores dificultades de funcionamiento y aislamiento a alcanzar un mínimo de independencia.

Uno de los aspectos más importantes para alcanzar el mayor grado de autonomía posible pasa por la inclusión laboral de estas personas, tarea a la que se dedican los Centros de Rehabilitación Laboral. Estos recursos ayudan a personas con enfermedad mental a aprender o recuperar los hábitos y capacidades laborales necesarias para acceder al mundo laboral.

De los 1.656 usuarios en 2020, un total de 1.004 consiguieron trabajo, lo que significa un 60,6% de inserción laboral en un año especialmente complicado por los efectos de la pandemia. Además, la mayoría de los contratos fueron a jornada completa y el 37,1% de las personas con enfermedad mental que se incorporaron al mercado laboral lo hicieron en empresas ordinarias.

LUCHA CONTRA EL ESTIGMA

En cuanto a los recursos residenciales, las tipologías abarcan desde las residencias, que ofrecen un servicio flexible y polivalente de entre 20 y 30 plazas con supervisión 24 horas al día, hasta los pisos supervisados -alternativa de alojamiento estable y normalizada para tres o cuatro personas- o plazas en pensiones para las personas que han alcanzado un buen nivel de autonomía pero carecen de respaldo familiar y de recursos.

También destaca la labor de los Equipos de Apoyo Social Comunitario, una iniciativa puesta en marcha en 2005 para ofrecer atención social en el propio domicilio y en el entorno a las personas con mayores dificultades sociales. El objetivo de estos equipos es mejorar la calidad de vida, la permanencia en la comunidad y la vinculación a la red de atención de estas personas.

Todos estos espacios desarrollan además una intensa actividad de sensibilización y lucha contra el estigma que sufren las personas con enfermedad mental, ya que sus patologías son a menudo muy poco conocidas y generan actitudes de rechazo, aislamiento y discriminación que pueden dificultar el ejercicio efectivo de sus derechos y causar sufrimiento a los afectados y sus familias.

Esta labor incluye actividades como la colaboración solidaria con otras personas, la integración normalizada en barrios y municipios, la investigación, la sensibilización en el ámbito educativo, la formación de otros agentes sociales y la participación de los usuarios en iniciativas de deporte, arte y ocio.