A falta de confirmación oficial por parte de la Cámara Baja, fuentes ministeriales señalaron a Servimedia que el acto de entrega del proyecto presupuestario y la posterior rueda de prensa de la ministra tendrá lugar el miércoles.

Este es el sexto año consecutivo en el que la tramitación del proyecto de Presupuestos no comienza dentro del plazo marcado por la Constitución Española, que en su artículo 134 establece que el proyecto de cuentas públicas debe presentarse al Congreso de los Diputados “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, es decir, antes de finalizar septiembre. De esta forma, las cuentas de 2016 son las últimas cuya tramitación transcurrió dentro del plazo marcado de forma oficial.

El objetivo del Gobierno era presentar los Presupuestos “en tiempo y forma”, pero las negociaciones entre las formaciones que integran el gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han hecho que finalmente el acuerdo haya llegado ya en octubre, incumpliendo el plazo marcado por la Carta Magna.

En cualquier caso, esta demora de dos semanas no hace peligrar el objetivo de que las cuentas queden aprobadas antes de terminar el año, para así entrar en vigor el 1 de enero, teniendo en cuenta que los Presupuestos de 2021 entraron en el Congreso el 28 de octubre de 2020 y fueron tramitados a tiempo para su aprobación definitiva el 22 de diciembre -sin introducir enmiendas en el Senado- y su entrada en vigor con el nuevo año.

El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado jueves en una reunión extraordinaria después de que el martes se anunciara el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos tanto en lo relativo a las cuentas públicas como sobre la futura Ley de Vivienda, principal escollo en la negociación entre los socios de Gobierno.

La ministra de Hacienda y Función Pública fue la encargada de presentar el proyecto de cuentas públicas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó que se trata de los Presupuestos “de la recuperación justa”, con los que “hacer de España un país más productivo, competitivo y sostenible”.

MEDIDAS

En lo que se refiere a las cifras, Montero resaltó que las cuentas de 2022 contemplan la “mayor apuesta que nunca hemos realizado por nuestros jóvenes”, con 12.550 millones de euros destinados “para mejorar oportunidades del presente y el futuro de las nuevas generaciones”, un 84,8% más que en el Presupuesto de 2021, según subrayó la ministra, que apuntó que de esta forma el 16% de los programas de gasto de los Presupuestos financian actuaciones dirigidas a los jóvenes.

En concreto, destacó que hasta 13 ministerios recogen medidas dirigidas a este colectivo, destinando el 7,7% de sus presupuestos. Entre las medidas, resaltó que se destinará un 46% más a vivienda y 2.199 millones de euros para becas educativas, creando además desde el Ministerio de Justicia un sistema de becas para aspirantes a juez, fiscal o abogado del Estado, “para democratizar el acceso a estos puestos de trabajo que habitualmente requieren de costosos procesos de oposición”. Asimismo, se dotarán 210 millones de euros para financiar un bono joven cultural de 400 euros para gastar en cultura a quienes cumplan 18 años.

En cuanto a vivienda, aparte de la Ley que el Gobierno presentará al margen de los Presupuestos tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos, se creará un bono joven de vivienda dotado de 250 euros mensuales para ayudar a afrontar el alquiler durante dos años a los ciudadanos de entre 18 y 35 años de edad e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros.

Las cuentas incluyen otras medidas, como una subida salarial del 2% para los empleados públicos, y se aumenta en un 2,5% el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), factor del que dependen el acceso y la cuantía de muchas ayudas sociales para los colectivos más vulnerables.

En lo referente a los funcionarios, los Presupuestos incluyen una tasa reposición del 110% como tasa general; del 120% para sectores prioritarios (sanidad, educación, ciencia); y el 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.

A nivel tributario, la principal novedad es la introducción de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, aplicable sobre la base imponible. Sobre el impacto recaudatorio de esta medida, el cálculo del Gobierno es que aporte 400 millones de euros en 2023, ya que afectará a 1.070 empresas.

Otra medida fiscal es la reducción de 500 euros, pasando de 2.000 a 1.500, del importe máximo que podrán deducirse en el IRPF los clientes de planes de pensiones privados, mientras que se sube de 8.000 a 8.500 el importe máximo a desgravar en los planes colectivos de las empresas.

RECAUDACIÓN

En lo que se refiere a los ingresos tributarios, el Presupuesto prevé una recaudación de 232.352 millones de euros el próximo año, lo que supone un aumento del 8,1% respecto a la previsión de recaudación al cierre de 2021. Montero aseguró que esta estimación sobre la recaudación es “prudente y realista”, ya que ese 8,1% es inferior a la previsión de aumento del PIB nominal en 2022, del 8,6%.

Concretamente, el proyecto estima una recaudación de 100.132 millones en IRPF (+0,7% respecto a la previsión de cierre de 2021), 24.477 millones por Sociedades (+11,8%), 75.651 millones por IVA (+9,5%), 21.843 millones de euros por los Impuestos Especiales (+8,2%) y 10.249 millones de euros por otros ingresos tributarios (+2,3%).

De la recaudación total, el proyecto contempla que, después de la cesión a comunidades autónomas y entidades locales, los ingresos tributarios del Estado sean de 136.939 millones de euros, un 18,6% más respecto a 2021, y que los ingresos no tributarios sean de 46.964 millones de euros, un 26,9% más, de forma que el total de ingresos, sumando los tributarios y los no financieros, sea de 182.903 millones de euros, un 20,6% más.

TECHO DE GASTO Y REGLAS FISCALES

El Presupuesto de 2022 se elabora sobre el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado julio y que fijó en 196.142 millones de euros, tan solo un 0,023% más respecto al de 2021, al contar con 45 millones de euros más. Asimismo, se basa en un escenario macroeconómico -avalado por la Airef- que mantiene las previsiones de crecimiento realizadas en abril de un 6,5% del PIB en 2021 y del 7% en 2022.

Para poder hacer uso del ‘techo de gasto’ aprobado en julio, superior en más de un 53% al de 2019, el Ejecutivo contará por tercer año consecutivo con la suspensión de las reglas fiscales que la Comisión Europea mantiene con el fin de permitir a los Gobiernos de loes Estados miembro un mayor gasto público con el que hacer frente a la crisis sanitaria y económica causadas por la pandemia de Covid-19 e impulsar la recuperación.

De esta manera, la medida permite que, en el caso de España, se haya pasado de un déficit del 2,8% del PIB con el que se cerró 2019, antes del inicio de la pandemia, a uno cercano al 11% en 2020 y una previsión de cerrar 2021 en el 8,4%. De cara a 2022, la previsión es que el déficit público baje al 5%, del que 3,9 puntos serán para la administración central, 0,6 puntos para las comunidades autónomas y 0,5 puntos para la Seguridad Social, con equilibrio presupuestario para las corporaciones locales. En el caso de la deuda, la estimación es que cierre 2021 en el 119,5% del PIB y que baje al 115,1% en 2022.

PARTIDAS

En lo referente a las partidas de gasto, Montero resaltó que el proyecto contempla “el mayor gasto social de la historia”, con 248.391 millones de euros y suponer el 60% del Presupuesto nacional. En concreto, dicho gasto incluye la revalorización de las pensiones -el dato exacto del incremento se conocerá en noviembre, pero se espera que sea del 2,2% o 2,3%-, con un gasto total estimado de algo más de 171.100 millones, el 39,7% del presupuesto sin tener en cuenta los fondos europeos, con un aumento del 4,8% respecto a esta partida en 2021. En el caso de las pensiones no contributivas, la revalorización será del 3%.

Asimismo, el presupuesto para Sanidad, sin incluir las vacunas, sube un 11%, hasta los 5.434 millones, mientras que el de Educación crece un 2,6%, para superar también los 5.000 millones. Además, el gasto social también incluye un aumento en un 23,3% de la dotación para la dependencia, para alcanzar a 350.000 beneficiarios; 40 millones más para protección a familias y contra la pobreza infantil, para cubrir a 2,26 millones de niños; incrementar el bono social térmico un 43,77%, beneficiando a 1,27 millones de hogares,

En otro tipo de partidas, la de I+D+i y digitalización estará dotada de 13.300 millones de euros, un 7,7% más; mientras que las políticas de apoyo a las renovables y el sector industrial alcanzarán los 11.316 millones de euros. Por su parte, las inversiones en infraestructuras ascenderán a 11.841 millones.

Por otra parte, el proyecto canaliza 27.633 millones de euros procedentes de los fondos europeos, de los cuales el 85% se reparten entre el capítulo de inversiones reales y el de transferencias de capital. En concreto, el 19,8% irá destinados a ‘industria y energía’; el 19,6% a ‘I+D+i y digitalización’ y el 17,6% a ‘infraestructuras y ecosistemas resilientes’, como principales áreas.