Así lo indicó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se ha aprobado una normativa que, según indicó, irá en beneficio de la seguridad alimentaria y de una economía circular, sostenible, baja en carbono, eficiente en el uso de recursos y competitiva.

Conforme a sus datos, el desperdicio alimentario en España se sitúa en 3 de cada 4 hogares, que desechan un volumen de alimentos de unos 31,3 kilos al año, lo que eleva a 1.364 toneladas los productos tirados o malgastados durante el año 2020. A escala mundial y conforme a cifras de la FAO, la cifra de desperdicio alimentario mundial se eleva al 25-30%, cuando hay más de 800 millones de personas que pasan hambre y 1.600 millones malnutridas.

Planas explicó que, con esta medida, España se coloca a la vanguardia de los países de la Unión Europea que toman cartas sobre el asunto para atajar el desperdicio alimentario, convirtiéndose en el tercero que regula tras Francia e Italia y tomando en su elaboración las lecciones extraídas por el propio Ministerio con las campañas en contra del despilfarro realizadas en los últimos años.

“No hay producto alimentario más caro que el que acaba en la basura, aquel que se despilfarra”, resaltó el ministro, y señaló que por eso la normativa que pronto sacará a consulta pública plantea medidas para atajar el desperdicio en todos los eslabones de la cadena.

"Si tenemos en cuenta la producción y primer almacenaje, la transformación y distribución y canal horeca, el 40% de todos los alimentos despilfarrados son en el transporte, un 5% en la distribución, el 40% en los hogares y el 15% en restaurantes, bares, tabernas... en el canal horeca", ilustró.

CANAL HUMANO

Según indicó, se realizará con una “jerarquía de prioridades” donde la alimentación y el destino de los alimentos debe dirigirse a la alimentación humana “de forma prioritaria”, pero no solo, ya que prevé que, si no fuese apta para dichos usos, podría utilizarse como subproducto de alimentación animal o para otros sectores como podría ser el compostaje para elemento de fertilización o como materia energética para biogás.

“Cuando están en perfectas condiciones y no haya llegado la fecha de caducidad se puede vender, distribuirse y consumirse”, refirió. Precisamente, entre las medidas para optimizar la venta y consumo, avanzó que el Ministerio de Agricultura junto al de Consumo están trabajando para un mayor aprovechamiento de los alimentos en lo que se refiere a la fecha de consumo óptimo.

En la actualidad hay dos referencias: la fecha de caducidad, que deben fijar los productores por normativa europea; y la fecha de consumo preferente, “más difusa”, pero donde el alimento o bebida mantiene intactas todas las características recogidas en el etiquetado. “A partir de ahí, es perfectamente consumible, pero se han degradado algunas de las condiciones”, indicó.

La normativa tendrá obligaciones específicas en el canal de distribución, como que quien efectúe la venta de los productos agroalimentarios realice promociones específicas en los productos “que están próximos a la caducidad de la fecha de consumo preferente”, como ahora ya se ve en algunos lineales con altos descuentos.

FECHA DE CADUCIDAD

“Se trata de evitar que ese producto sea malgastado y forme parte del desperdicio”, abundó, detallando que a los establecimientos con más de 400 metros cuadrados se les obligará por ley a tener un lineal o ‘corner' para determinados productos en perfecto estado de consumo y que su aspecto parezca deteriorado como pueden ser en determinados momentos de maduración algunas verduras, frutas o productos ecológicos.

Si la venta resultase difícil la futura ley apuesta por maximizar también el consumo humano con su donación a través de ONG o bancos de alimentos siempre que estén en perfectas condiciones de consumo, o con su transformación en otros productos como los zumos, mermeladas o cremas.

En el canal horeca, que integran bares, restaurantes, hoteles, etcétera, se introducirá además la obligación de que faciliten bolsas, cajas u otros contenedores a sus clientes para que puedan llevarse los alimentos no consumidos y evitar que acaben en la basura.

El ministro expuso que con esta ley se busca remediar un “triple problema”: atajar las pérdidas económicas que entrañan el trabajo de ganaderos y agricultores y la pérdida del propio alimento; el daño medioambiental, ya que con su producción se utiliza agua, suelo y se realizan emisiones a la atmósfera; y dar respuesta al debate “ético y moral” que supone tirar alimentos cuando hay tantos millones de personas en el mundo que pasan hambre.