Llop se refirió a esta cuestión en el Pleno del Congreso, donde el diputado del PP Carlos Rojas le preguntó qué instrucciones ha dado a la Abogacía “en relación al caso Ghali-Laya”.

A este respecto, la ministra respondió que su departamento, del que depende la Abogacía del Estado, “no ha dado orden alguna” a sus profesionales respecto al 'caso Ghali'. “Este Gobierno actúa y ha actuado siempre con arreglo a la legalidad y lo hace conforme a los intereses de España, de los españoles y las españolas”, afirmó la titular de Justicia.

“La Abogacía del Estado", indicó, "se rige por la búsqueda de la legalidad del interés general, con un respeto escrupuloso al principio de legalidad dentro del marco de las funciones que tiene encomendadas”. “Ni instrucciones, ni indicaciones, ni órdenes: nada”, remarcó.

“AUTÉNTICAS TROPELÍAS”

La ministra añadió que es posible que esto “extrañe” al PP, puesto que viene de una “cultura política” en la que algunos de sus dirigentes han pronunciado frases como “vamos a controlar al Tribunal Supremo por la puerta de atrás” o “esto la Fiscalía te lo afina”, en referencia a expresiones atribuidas, respectivamente, al exportavoz de los populares en el Senado Ignacio Cosidó y al extitular de Interior Jorge Fernández Díaz.

Por su parte, Rojas acusó al Llop de haber puesto “a la Abogacía del Estado a defender al Gobierno” en el 'caso Ghali', algo que sostuvo no parece que “sea lo mismo que defender la legalidad”.

El diputado popular preguntó a la ministra si la Abogacía intenta “proteger al 'señor x'” del 'caso Ghali' al haber pedido dos veces el archivo de la causa y demandar al juez que se exija una fianza de 150.000 euros a la acción popular para seguir personada en el sumario.

El PP afirmó que la representación legal del Estado no puede mirar para otro lado mientras se cometen “auténticas tropelías legales”, como dijo son el 'caso Ghali' o que la Generalitat de Cataluña avale con fondos públicos fianzas de los condenados del 'procés'. Concluyó que esta forma de proceder contrasta con que “España es un Estado democrático de derecho” en el que existe separación de poderes.