Así lo indicó durante la rueda de prensa tras la entrega del proyecto de Presupuestos de 2022 en el Congreso de los Diputados para el inicio de su tramitación parlamentaria. En su intervención inicial, la ministra aseguró que “estos números que presentamos hoy acabarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 31 de diciembre con las aportaciones de todos aquellos que quieran ejercer una política útil”.

Asimismo, la ministra señaló que “aquellos que se descartan para todo” tendrán “poco que aportar a unos números que están pensados para la mayoría social”.

La ministra, que destacó que estas son las cuentas públicas de la recuperación económica, resaltó entre otros aspectos, el gasto social de los presupuestos y la orientación hacia los jóvenes, en un contexto de recuperación económica con 37 millones de personas vacunadas, una incidencia acumulada por debajo de 50 por 100.000 habitantes, con la economía española siendo una de las que más crece de la UE, una reducción del déficit a un ritmo del 30%, menos de 250.000 trabajadores en ERTE, y una afiliación a la Seguridad Social con más de 80.000 personas que antes de la pandemia.

Entre las medidas, resaltó que se destinará un 46% más a promover el acceso a la vivienda y 2.199 millones de euros para becas educativas, creando además desde el Ministerio de Justicia un sistema de becas para aspirantes a juez, fiscal o abogado del Estado. Asimismo, se dotarán 210 millones de euros para financiar un bono joven cultural de 400 euros para gastar en cultura a quienes cumplan 18 años.
En cuanto a vivienda, se creará un bono joven de vivienda dotado de 250 euros mensuales para ayudar a afrontar el alquiler durante dos años a los ciudadanos de entre 18 y 35 años de edad e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros.
Las cuentas incluyen otras medidas, como una subida salarial del 2% para los empleados públicos, y se aumenta en un 2,5% el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), factor del que dependen el acceso y la cuantía de muchas ayudas sociales para los colectivos más vulnerables.
A nivel tributario, la principal novedad es la introducción de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, aplicable sobre la base imponible. Sobre el impacto recaudatorio de esta medida, el cálculo del Gobierno es que aporte 400 millones de euros en 2023, ya que afectará a 1.070 empresas.
Otra medida fiscal es la reducción de 500 euros, pasando de 2.000 a 1.500, del importe máximo que podrán deducirse en el IRPF los clientes de planes de pensiones privados, mientras que se sube de 8.000 a 8.500 el importe máximo a desgravar en los planes colectivos de las empresas.
RECAUDACIÓN
En lo que se refiere a los ingresos tributarios, el Presupuesto prevé una recaudación de 232.352 millones de euros el próximo año, lo que supone un aumento del 8,1% respecto a la previsión de recaudación al cierre de 2021.

En concreto, el proyecto estima una recaudación de 100.132 millones en IRPF (+6,7% respecto a la previsión de cierre de 2021), 75.651 millones por IVA (+9,5%), 21.843 millones de euros por los Impuestos Especiales (+8,2%), 1.230 millones por el impuesto sobre la renta de no residentes (un 28,2% menos), 1.440 millones en fiscalidad medioambiental (+10,7%), 5.273 millones en ‘otros’ impuestos (+5,8%) y 2.158 millones en ‘tasas y otros ingresos’ (+14,5%).

De la recaudación total, el proyecto contempla que, después de la cesión a comunidades autónomas y entidades locales, los ingresos tributarios del Estado sean de 136.939 millones de euros, un 18,6% más respecto a 2021, y que los ingresos no tributarios sean de 46.964 millones de euros, un 26,9% más, de forma que el total de ingresos, sumando los tributarios y los no financieros, sea de 182.903 millones de euros, un 20,6% más.
TECHO DE GASTO Y REGLAS FISCALES
El Presupuesto de 2022 se elabora sobre el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado julio y que fijó en 196.142 millones de euros, tan solo un 0,023% más respecto al de 2021, al contar con 45 millones de euros más. Asimismo, se basa en un escenario macroeconómico -avalado por la Airef- que mantiene las previsiones de crecimiento realizadas en abril de un 6,5% del PIB en 2021 y del 7% en 2022.
Para poder hacer uso del ‘techo de gasto’ aprobado en julio, superior en más de un 53% al de 2019, el Ejecutivo contará por tercer año consecutivo con la suspensión de las reglas fiscales que la Comisión Europea mantiene con el fin de permitir a los Gobiernos de loes Estados miembro un mayor gasto público con el que hacer frente a la crisis sanitaria y económica causadas por la pandemia de Covid-19 e impulsar la recuperación.
De esta manera, la medida permite que, en el caso de España, se haya pasado de un déficit del 2,8% del PIB con el que se cerró 2019, antes del inicio de la pandemia, a uno cercano al 11% en 2020 y una previsión de cerrar 2021 en el 8,4%. De cara a 2022, la previsión es que el déficit público baje al 5%, del que 3,9 puntos serán para la administración central, 0,6 puntos para las comunidades autónomas y 0,5 puntos para la Seguridad Social, con equilibrio presupuestario para las corporaciones locales. En el caso de la deuda, la estimación es que cierre 2021 en el 119,5% del PIB y que baje al 115,1% en 2022.
PARTIDAS DE GASTO
En lo referente a las partidas de gasto, Montero resaltó que el proyecto contempla “el mayor gasto social de la historia”, con 248.391 millones de euros y suponer el 60% del Presupuesto nacional. En concreto, dicho gasto incluye la revalorización de las pensiones -el dato exacto del incremento se conocerá en noviembre, pero se espera que sea del 2,2% o 2,3%-, con un gasto total estimado de algo más de 171.100 millones, el 39,7% del presupuesto sin tener en cuenta los fondos europeos, con un aumento del 4,8% respecto a esta partida en 2021. En el caso de las pensiones no contributivas, la revalorización será del 3%.

La ministra también señaló que el Ministerio de Igualdad contará por primera vez con un presupuesto de más de 500 millones. Asimismo, el presupuesto para Sanidad, sin incluir las vacunas, sube un 11%, hasta los 5.434 millones, mientras que el de Educación crece un 2,6%, para superar también los 5.000 millones. Además, el gasto social también incluye un aumento en un 23,3% de la dotación para la dependencia, para alcanzar a 350.000 beneficiarios; 40 millones más para protección a familias y contra la pobreza infantil, para cubrir a 2,26 millones de niños; incrementar el bono social térmico un 43,77%, beneficiando a 1,27 millones de hogares,
En otro tipo de partidas, la de I+D+i y digitalización estará dotada de 13.300 millones de euros, un 7,7% más; mientras que las políticas de apoyo a las renovables y el sector industrial alcanzarán los 11.316 millones de euros. Por su parte, las inversiones en infraestructuras ascenderán a 11.841 millones.
Por otra parte, el proyecto canaliza 27.633 millones de euros procedentes de los fondos europeos, de los cuales el 85% se reparten entre el capítulo de inversiones reales y el de transferencias de capital. En concreto, el 19,8% irá destinados a ‘industria y energía’; el 19,6% a ‘I+D+i y digitalización’ y el 17,6% a ‘infraestructuras y ecosistemas resilientes’, como principales áreas.