El presupuesto recoge que dentro de las aportaciones del Estado destaca, por su cuantía, las transferencias del Estado a la Seguridad Social en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo de 2020 por importe de 18.396 millones de euros, 4.467 millones más que en el Presupuesto 2021, con el objeto de “garantizar la sostenibilidad del Sistema a medio y largo plazo”.

Además de las transferencias para la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor y para la financiación de las reducciones en la cotización a la Seguridad Social, que ya se contemplaban en el Presupuesto para 2021, se incluyen por primera vez nuevos conceptos a financiar por el Estado.

En las aportaciones se incluyen la integración de lagunas en las carreras de cotización; los complementos de pensiones contributivas que se conceden a los progenitores que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, debido a la incidencia de la brecha de género; la jubilación anticipada, que en determinados supuestos no se ve penalizado el importe de la prestación; las pensiones en favor de familiares, que tienen como finalidad proteger una situación de necesidad económica ocasionada por un fallecimiento; determinadas prestaciones contributivas o su importe, que están condicionados a límites de ingresos o a la obtención de rentas del trabajo; las citadas prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, y las reducciones de cotización en los contratos.

También cabe destacar, por su cuantía, la transferencia destinada a la cobertura de los complementos para pensiones mínimas con una dotación para 2022 de 7.075 millones.

Para la atención a la dependencia el Estado aporta 2.902 millones, de los que 2.146 millones corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado, y se dotan 102 millones de euros para financiar gastos corrientes en materia de dependencia y cuatro millones para operaciones de capital.

La transferencia del Estado para financiar el Ingreso Mínimo Vital asciende a 3.022 millones de euros.

Por otra parte, la transferencia para atender las pensiones no contributivas se eleva hasta 2.772 millones de euros.

La aportación del Estado para financiar las pensiones no contributivas de la Seguridad Social cuenta con un crédito de 2.772 millones de euros (incluido País Vasco y Navarra). Este crédito permitirá atender el coste derivado de la variación del colectivo y del incremento de estas pensiones en un 3%.

El Estado mantiene para 2022 las dotaciones para la transferencia a la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas de protección a la familia un volumen de 1.414 millones, al haber quedado incluidos dentro del campo de aplicación del Ingreso Mínimo Vital las familias con hijos menores de dieciocho años sin discapacidad a cargo de los beneficiarios.

INGRESOS POR COTIZACIONES

Los ingresos no financieros de la Seguridad Social previstos para el año que viene ascienden a 173.655 millones de euros, un 10,2% más.

La principal fuente de financiación son las cotizaciones sociales, con un volumen para 2022 de 136.345 millones, un 9% más respecto al Presupuesto de 2021, “lo que permite financiar un 75,3% del Presupuesto total”.

El Gobierno explica en el proyecto que el incremento de los ingresos por cotizaciones se ve influido por “la elevación de las bases máximas de cotización en un 1,7% y por la recuperación del PIB esperada para el año 2022, en contraste con la disminución experimentada en 2021 como consecuencia de la crisis sanitaria”, que responde principalmente a las exoneraciones de cuotas en los Expedientes Reguladores Temporales de Empleo (ERTE) y en el régimen especial de trabajadores autónomos.

Para el ejercicio 2022, los ingresos por cotizaciones de empresas y trabajadores ocupados suben un 9,7%, hasta los 127.224 millones, y las cotizaciones de desempleados, beneficiarios de cese de actividad y bonificaciones sociales que aporta el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ascienden a 8.755 millones, con un descenso del 0,4% con respecto al ejercicio anterior como consecuencia del “elevado volumen de prestaciones reconocidas durante 2021” por la crisis del Covid-19.

Las cotizaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos ocupados se cuantifican en 366 millones, un 12,9% más que en 2021 “por idénticas razones que las expuestas para las cotizaciones de empresas y trabajadores ocupados”.

Después de las cotizaciones, las aportaciones del Estado constituyen el concepto de mayor peso relativo en la financiación del Presupuesto no financiero de la Seguridad Social, con los citados 36.276 millones.

SUBIDA DE LOS GASTOS UN 4,6%

El Presupuesto consolidado no financiero de la Seguridad Social para el año 2022 alcanza los 179.826 millones, un 4,6% más que en 2021.

El capítulo más importante corresponde a las transferencias corrientes, absorbiendo el 96,7% del total del Presupuesto. Se integran en este capítulo, fundamentalmente, las pensiones de carácter contributivo y no contributivo, la incapacidad temporal, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, el riesgo durante el embarazo, la protección familiar, el cese de actividad de los trabajadores autónomos, el ingreso mínimo vital y otras prestaciones económicas.

Las pensiones contributivas tienen consignado un crédito para 2022 de 149.996 millones, un 4,9% más que en 2021, “estimado en función del incremento del colectivo de pensionistas, de la variación de la pensión media y de su revalorización”.

El Ejecutivo destaca en el proyecto que las pensiones contributivas experimentarán en 2022 con carácter general un incremento porcentual “igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los 12 meses previos a diciembre de 2021, ascendiendo el incremento de las no contributivas al 3%”.

Dentro de las pensiones contributivas, las más importantes cuantitativamente son las de jubilación, que ascienden a 108.723 millones y suponen un 72,5% del total de las pensiones; seguidas de las pensiones de viudedad, con una dotación de 25.242 millones, un 16,8% del total y las pensiones de incapacidad, con 13.547 millones (un 9% del total).

Finalmente, las pensiones de orfandad y en favor de familiares alcanzan la cifra de 2.484 millones de euros, lo que representa el 1,7% del conjunto de las pensiones contributivas.

En cuanto a las pensiones no contributivas, supondrán 2.587 millones de euros (excluido País Vasco y Navarra), cuantía prácticamente similar a la de 2021. Permitirá atender el coste derivado de la variación del colectivo y de la política de mejora de las pensiones no contributivas, con una revalorización de las mismas del 3% que afectará a aproximadamente 445.000 personas.

A incapacidad temporal se destinan 10.818 millones, con un crecimiento del 8,3%, “en coherencia con la evolución que viene presentando la prestación en 2021”.

A las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y corresponsabilidad en el cuidado del lactante, se determinan 3.378 millones (+4,3%), como consecuencia de la evolución de la natalidad prevista, tras la equiparación a 16 semanas de los permisos de los dos progenitores en 2021.

La prestación por cese en la actividad de los autónomos cuenta con un crédito por importe de 75 millones de euros, lo que supone una disminución con respecto al ejercicio anterior como consecuencia del elevado volumen de prestaciones extraordinarias reconocidas en 2021 con ocasión de la crisis sanitaria.

Para las prestaciones de pago periódico por cada hijo menor de 18 años de edad y afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33% o mayor de dicha edad cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%, se fija una dotación de 1.402 millones, tras haber quedado incluidas dentro del campo de aplicación del Ingreso Mínimo Vital las familias con hijos.

El crédito para los subsidios económicos para personas con discapacidad asciende a ocho millones de euros, lo que supone un decrecimiento del 11,9% con respecto al ejercicio anterior, “por tratarse de un colectivo de carácter cerrado, sin nuevas incorporaciones y, por tanto, con tendencia decreciente del gasto”.