Así consta en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, que presentó este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

La dotación presupuestaria para 2022 para gasto en prestaciones del Fogasa, organismo que avala el pago de indemnizaciones y salarios a los trabajadores cuyas empresas son insolventes o están en concurso de acreedores, alcanza los 830 millones, un millón menos que en 2021.

“La evolución que presenta este gasto se encuentra directamente relacionada con la situación económica”, se señala en el proyecto de Presupuestos.

Asimismo, el Fogasa recibirá del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia un millón de euros destinado a la digitalización de los procesos relativos a la gestión de las prestaciones de garantía salarial.