Según avanzó ‘El Mundo’ y pudo confirmar Servimedia, el informe de los letrados, que orientará el decisivo voto de los tres integrantes del Grupo Socialista en la Mesa del Congreso (la presidenta, Meritxell Batet; el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; y la secretaria segunda, Sofía Hernanz) considera que Rodríguez no debe perder la condición de diputado por haber sustituido el Tribunal Supremo la pena de cárcel por una multa.

Se impone así la tesis de Unidas Podemos, según la cual el condenado cumplió la condena al pagar el pasado día 13 la multa de 540 euros por la que se le sustituyó la pena de un mes y medio de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por un delito de atentado a la autoridad al considerar que dio una patada a un policía durante una protesta contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Lomce) en Tenerife en el año 2014.

El Supremo añadió a esta multa la accesoria de inhabilitación para ser elegido cargo público durante el tiempo de condena, y la reforma de enero de 2011 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) impuso inelegibilidad sobrevenida a “los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación”.

Es la misma modificación por la que se inhabilitó al expresidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra por haber colgado lazos amarillos en edificios oficiales en campaña electoral, y por ella entendían fuentes jurídicas que Rodríguez no podrá volver a sentarse en el Congreso de los Diputados hasta que no haya nuevos comicios. Pero los letrados del Congreso han considerado finalmente lo contrario.