Montero fue, a su llegada a comparecer en la Comisión de Igualdad, la primera dirigente de Podemos en pronunciarse después de que el Tribunal Supremo haya dirigido a la Mesa del Congreso un escrito en el que le pregunta cuándo comienza la inhabilitación de Rodríguez. La del Supremo ha sido una protesta tácita por el hecho de que la Mesa, a instancias de sus servicios jurídicos, mantuviera la condición de diputado de Rodríguez pese a su condena judicial.

Además de ese llamamiento a “cumplir la legalidad vigente”, se entiende que la interpretada por la Mesa del Congreso y no por el Supremo, Montero dijo que “lo más importante es que podamos hablar de los defensores de los derechos humanos”, y de hecho nada más ser preguntada por el tema proclamó que Podemos va a “estar siempre del lado de las personas que defienden los derechos humanos aunque sean perseguidas por ello”.

Lo argumentó señalando que los derechos de manifestación y reunión “son la base de la construcción de la democracia”, pues ésta y los derechos sociales han sido fruto de movilizaciones y huelgas. Consecuentemente, dedujo que la sentencia del Tribunal Supremo contra Alberto Rodríguez por una agresión a un policía durante una manifestación contra la Lomce en 2014 “supone un peligro para esas bases de la democracia” .