En una nota de prensa, UNAD explica que el 60% de la deuda se debe a las comunidades autónomas.

"Los datos recogidos por UNAD entre sus entidades asociadas muestran una realidad dramática: más de 35.000 personas han dejado ya de ser atendidas en sus recursos y centros, 66 programas ya se han clausurado, 44 ONG han anunciado su inminente cierre, 200 trabajadores han perdido su puesto de trabajo y 371 trabajadores están sufriendo retrasos en sus nóminas, retrasos que en ocasiones superan los cinco meses", señala.

Ante esta situación, el presidente de UNAD, Luciano Poyato, hizo un llamamiento a los partidos políticos y a los responsables de las administraciones públicas para evitar que estas medidas sigan adelante, "porque ello significará un retraso de más de una década en uno de los principales problemas de salud pública del país".