Así lo manifestó la responsable de derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional, Marta Mendiola, ante la previsible aprobación el próximo martes por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley para enviarlo a los órganos consultivos. Después tendrá que aprobar el proyecto de ley y quedaría por delante la tramitación parlamentaria.

Mendiola subrayó que la ley llega "después de 500.000 desalojos en total en la última década, desde 2013, y mientras el precio del alquiler subía aproximadamente de media un 32%”, y subrayó que el Gobierno reconoce, finalmente, la necesidad de proteger este derecho.

La responsable de Amnistía Internacional remarcó que la futura ley tiene que “proteger a las personas, especialmente, a las más vulnerables” de posibles desalojos, así como contemplar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que asegure una evaluación independiente de la razonabilidad y proporcionalidad de cada desahucio por parte de la judicatura.

Asimismo, reconoció que ninguna ley es efectiva si no se traduce en “presupuestos crecientes”, como incrementar progresivamente el parque de vivienda social de alquiler de las administraciones, y en la prohibición de los desalojos de aquellas que se queden sin hogar como consecuencia de ellos.

Amnistía Internacional recordó que, hasta ahora, España tiene uno de los peores datos de la Unión Europea sobre vivienda social. Frente a los 3,4 millones de viviendas vacías existentes, el parque de viviendas sociales representa tan solo el 2,5% del total de viviendas. La media europea de vivienda social se sitúa en torno al 9%, pero España sólo supera a Eslovaquia, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre, y está muy alejada de países como Holanda, con un 30%; Austria, con un 24%; Dinamarca, con un 20%; o Suecia, con un 19%.

Por último, señalaron que la ley debe contener un enfoque de género que visibilice y dé respuesta a la desigual situación de la mujer en el acceso a la vivienda. Algunas de estas medidas ya han sido abordadas en leyes de comunidades autónomas, por lo que esperan que esta ley las contemple con el objetivo de armonizar la protección del derecho a la vivienda en todo el territorio.