“La concesión de ayuda de la empresa Plus Ultra ha seguido exactamente los mismos trámites, el mismo procedimiento administrativo y cuenta con todo el informe preceptivo del análisis” asociado al mecanismo, expuso durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso a preguntas de varios diputados después de que un juzgado de Madrid haya abierto una investigación sobre la legalidad de las ayudas llegando, incluso, a paralizar en algún momento el pago de 34 millones.

Dado el momento procesal, Gualda se remitió al procedimiento judicial abierto, indicando que en SEPI están “colaborando con la labor judicial, facilitando toda la documentación y todo el expediente para que se pueda analizar por parte del juzgado”. Si bien explicó que los procesos asociados al Fondo de Apoyo a la solvencia tienen un carácter reservado “para proteger a las empresas” porque incluyen planes viabilidad que, si se hacen públicos, “pueden suponer un impacto negativo para la propia empresa”, están abiertos a consulta del órgano fiscalizador de la Administración Pública, del Tribunal de Cuentas y los órganos judiciales.

Durante su intervención realizó una detalla de explicación cómo es el análisis que la SEPI realiza antes y después de otorgar las ayudas a cargo del fondo creado por el Gobierno en julio con 10.000 millones de euros para ayudar a empresas estratégicas y cuya ventana de concesión finaliza el próximo 31 de diciembre, aunque deslizó que Bruselas ya ha hecho una propuesta para ampliar el marco temporal de estos mecanismos.

Hasta el momento, la SEPI ha concedido ya 1.347 millones de euros a siete compañías de un total de 69 solicitudes recibidas por el fondo, si bien detalló que algunas empresas “han desistido porque han entendido que no cumplían el criterio” y el organismo está “abordando el análisis del 100% de las solicitudes que se han presentado”.

La presidenta indicó que “no es un rescate”, sino préstamos que deben reintegrarse transcurrido un plazo y para cuya concesión toca seguir un procedimiento administrativo “exactamente igual” que para cualquier ayuda pública, aunque en este caso es un “proceso muy exhaustivo y muy complejo porque implica el análisis de problemáticas de empresas y sectores de actividad muy diversos, cada ayuda es distinta de la siguiente” y cada sector y solicitud entraña una casuística distinta que “hay que estudiar”.

Gualda expuso que en el análisis intervienen “muchos” expertos externos e internos de SEPI en el llamado proceso de instrucción, donde se analiza, con las pautas marcadas en la ley del fondo y si la empresa cumple los criterios de elegibilidad, su situación preCovid y su capacidad de devolución en función de un plan de viabilidad que mira al dedillo. “Y todo extremando las garantías que exige la administración para garantizar el reembolso de ese préstamo cuando finalice el plazo temporal de la ayuda”, agregó.

En esa fase de instrucción se emite un informe que se eleva al consejo del fondo que, en caso de aprobar la propuesta de inyección de fondos, lo envía al Consejo de Ministros para su definitiva aprobación.

Dada la complejidad que entraña, la presidenta de SEPI indicó que el Gobierno ha permitido realizar un “refuerzo” para llevar la tarea, dotando la estructura necesaria para la gestión del fondo tanto en la fase de concesión como en los siete meses siguientes en los que las empresas deben devolver las cuantías.

Así se ha creado una dirección del fondo y el equipo se ha ampliado con 29 interinos titulados superiores contratados para la gestión del fondo y además SEPI ha seleccionado a 40 empresas o firmas de asesoría externa que analizan y evalúan de forma independiente la viabilidad financiera y jurídica de cada operación (20 expertas en aspectos jurídicos y 20 para el área financiera).

Durante el análisis de la propuesta refirió que se evalúa si la compañía si reúne los criterios de elegibilidad, se contrastan las previsiones de la empresa y plan de viabilidad para ajustarlo, mediante escenarios de sensibilidad, con esos asesores financieros, “de manera que el plan de viabilidad sea creíble para nosotros y se pueda terminar con garantías de devolución de fondos públicos”. “Son préstamos cuyos contratos contemplan una estructura de garantía muy importante”, aseguro.

Una vez otorgado el crédito refirió que habrá un seguimiento durante los 7 años de devolución de la deuda, apoyándose en unos mecanismos de control que permiten monitorizar todos los movimientos del plan de viabilidad de la empresas para anticiparse si hay alguna desviación sobre esa hoja de ruta para “ejercer las cláusulas” incluídas en los contratos, además de contar la SEPI con presencia en sus consejos de administración, tener comisiones de seguimiento y elaborar informes junto a sus asesores internos y externos.

Además, apuntó que tanto la gestión del fondo como de las operaciones están sujetas a los órganos de control, a la Intervención General de la Administración del Estado y al Tribunal de Cuentas que ya ha solicitado la información en “algunas operaciones” y “las estás supervisando”, apostilló.