"Es una situación fácil de resolver", en la que a veces "basta con una firma", subrayó en un comunicado.

La apatridia –es decir, no ser reconocido por ningún país como ciudadana o ciudadano– afecta a millones de personas en todo el mundo. A menudo, las personas apátridas no pueden acceder a derechos fundamentales como asistir a la escuela, trabajar legalmente, recibir atención médica, contraer matrimonio o registrar el nacimiento de un hijo.

Desde que Acnur lanzó la campaña #IBelong en 2014 para llamar la atención sobre este problema y abogar por el fin de la apatridia a nivel mundial en 2024, más de 400.000 personas apátridas en 27 países han obtenido una nacionalidad. Además, decenas de miles de personas en Asia, Europa, África y los países americanos se encuentran en el proceso de adquirir la ciudadanía como resultado de cambios legislativos recientemente adoptados.

En los últimos siete años, 29 Estados se han adherido a las Convenciones sobre la apatridia, lo que refleja una mayor voluntad política para acabar con esta lacra.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, “nos alegra esta dinámica mundial que existe actualmente". "Si los Estados aúnan esfuerzos podemos acabar con este problema", aunque señaló que, "salvo que los avances se aceleren, los millones de personas que aún no cuentan con una nacionalidad permanecerán en una situación de limbo jurídico, sin poder acceder a sus derechos humanos, ni siquiera los más fundamentales”.

Las causas de la apatridia son diversas y tienden a ser resultado de lagunas o fallos en la legislación nacional o en su aplicación. La discriminación –especialmente por origen étnico, motivos religiosos, o sexo– es uno de sus detonantes principales.

Al no ser reconocidas como ciudadanas, las personas apátridas suelen estar privadas del ejercicio de sus derechos o del acceso a servicios básicos. En consecuencia, se les margina en lo económico y en lo político, y quedan expuestas a la discriminación, la explotación y abusos. Asimismo, se dificulta su acceso a pruebas, tratamientos o vacunas contra la Covid-19, y tienen un acceso limitado a apoyo o protección frente a riesgos climáticos.

Según Acnur, los gobiernos tienen la facultad –en ocasiones, mediante tan solo una firma o modificaciones legales relativamente sencillas– de adoptar reformas jurídicas y políticas públicas que permitan que las personas apátridas en sus territorios adquieran una nacionalidad o que prevengan la apatridia en su conjunto.

"Se trata de una cuestión que se puede prevenir y resolver con relativa facilidad", concluyó.