Los magistrados de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, presididos por Ricardo Enríquez, han declarado al Estado responsable patrimonial por haber concedido al atracador el permiso penitenciario que aprovechó para fugarse.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del 17 de julio de 2002, cuando el preso fugado, Juan José Pérez Llorente, accedió con una pistola a la sucursal de Caja Madrid de la calle Toledo de Madrid. En el transcurso del atraco, el preso disparó al cajero del banco, provocándole graves heridas por las que le ha sido declarada la incapacidad permanente absoluta.

PERMISO PENITENCIARIO

El atracador se había fugado el 31 de enero de ese año aprovechando el permiso de dos semanas que le había concedido el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Castilla y León.

En base a estos hechos, el cajero del banco solicitó al Estado una indemnización que le fue denegada por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior en junio de 2008.

La víctima decidió recurrir esta decisión ante la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano jurídico acabó dándole la razón y condenando al Estado a indemnizarle con 250.000 euros.

El Supremo ha desestimado ahora el recurso de la Abogacía del Estado y ha confirmado la resolución dictada en septiembre de 2009 por la Audiencia Nacional.

La sentencia hecha pública hoy señala que, si bien el juez de Vigilancia Penitenciaria otorgó el permiso a Pérez Llorente en “estricta aplicación de las normas jurídicas”, los riesgos generados por la salida de la cárcel del atracador “no deben ser asumidos por la sociedad”.