Así lo expuso la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa desde Jerez, en la que enfatizó que estas enmiendas están presididas por los principios de libertad e igualdad, y buscan vertebrar España.

Gamarra defendió que el proyecto del PP supone “una alternativa para España, que se materializa en tres ejes: el fortalecimiento de las instituciones, una política económica que favorezca el crecimiento y una política social basada en el apoyo y la defensa de la familia”.

Aseguró que el PP busca la protección de la familia, el fomento de la natalidad y la mejora de la conciliación laboral y familiar. Para ello se han registrado 40 enmiendas por valor de 1.500 millones de euros.

De entre las iniciativas sociales del PP, destaca una partida de más de 400 millones para la gratuidad de la educación de 0 a 3 años basada en el concierto y las ayudas directas, otra de 10 millones para ampliar los beneficiarios de los tratamientos de fertilidad garantizando su acceso en el Sistema Nacional de Salud desde la equidad y otra de más de 800 millones en el ámbito de la salud para, entre otras cosas, seguir reduciendo las listas de espera en el ámbito de la dependencia.

El PP también propone la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, duplicándolo para familias monoparentales, la bonificación fiscal para la contratación de empleados del hogar y el reforzamiento de un permiso retribuido para el cuidado de menores con enfermedad.

“Todas estas enmiendas representan que el PP y el presidente Pablo Casado están listos para gobernar y llevar a cabo desde La Moncloa una agenda reformista, que es la que España necesita para seguir creciendo”, destacó Gamarra.

La portavoz de los populares en el Congreso tampoco desaprovechó la ocasión para volver a quejarse de que “estos PGE están basados en las cesiones y peajes que tiene que pagar Pedro Sánchez a los independentistas y nacionalistas para seguir en La Moncloa”.

En este sentido, denunció que “los peajes de Sánchez a sus socios –Podemos, ERC y Bildu, entre otros- para seguir al frente del Gobierno los paga con el futuro de los españoles”. “No hay un proyecto de país, lo que hay es un acuerdo de intereses entre el Gobierno más débil posible con los independentistas que buscan mantenerse fuertes y con Bildu para excarcelar a los presos de ETA”, deploró.

Además, se refirió a la necesidad de que haya una financiación autonómica justa regida por el principio de igualdad, ya que en su opinión no pueden existir privilegios que establezcan comunidades de primera y de segunda porque Sánchez dependa de los votos de los independentistas y nacionalistas.

“El Gobierno debe garantizar el principio de igualdad entre todos los españoles, porque nadie debe partir desde una situación de desventaja”, resumió en su defensa de una financiación autonómica que garantice que todos los españoles puedan acceder a los servicios públicos en situación de igualdad, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, la edad media de cada territorio y la España despoblada.