En un comunicado, Amnistía Internacional se mostró "muy alarmada" por la declaración del estado de excepción en todo el país y por "el incremento de los discursos de odio en Internet.

Ayer, 4 de noviembre, el Gobierno etíope se arrogó nuevos poderes generales de excepción que restringen arbitrariamente los derechos humanos y amenazan la independencia del poder judicial.

Mientras tanto, "se está produciendo un aumento alarmante de publicaciones en las redes sociales que propugnan la violencia interétnica", prosiguió, y algunas autoridades han rogado a la población que tomen las armas contra el Frente Popular de Liberación de Tigré (TPLF) y el Ejército de Liberación Oromo (OLA), que se han unido recientemente contra el gobierno central.

Según Amnistía, “la terrible crisis humanitaria y de derechos humanos que comenzó hace un año en Tigré se ha desbordado hasta llegar a otras zonas del país. Para impedir que la situación siga intensificándose sin control, las autoridades etíopes deben adoptar con urgencia medidas serias para garantizar que se respetan el Derecho Internacional Humanitario y el de Derechos Humanos”, declaró Deprose Muchena, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.