En concreto, el partido de Inés Arrimadas pretende reconocer el trabajo y defender la dignidad de quienes se “dejan la piel” por la seguridad de los españoles. En sus enmiendas se recogen la “necesidad imperiosa” para tratar con dignidad y justicia a los servidores públicos, como por ejemplo acabar con las diferencias salariales entre agentes de las FCSE.

Este partido quiere reconocer la labor de las Fuerzas Armadas, mediante la prolongación durante 2022 del compromiso de larga duración para el personal temporal militar de tropa y marinería, que finalizaría por cumplir 45 años y otra en añadir 9,3 millones de euros para compensar la pérdida retributiva que sufren los militares en situación de reserva al cumplir 63 años.

También exige el aumento retributivo lineal de 100 euros dentro del componente general del complemento específico, a todos los militares, así como el incremento de la tasa de reposición de efectivos en las FCSE de 125 a 130%, para recuperar la disminución de efectivos habida desde años anteriores.

A su vez, apuesta por dignificar los funcionarios de prisiones a través del planteamiento de 60 millones de euros para un aumento retributivo a los mismos, así como más de 5 millones euros para el personal laboral de instituciones penitenciarias.

FUNCIONARIOS

Además, Ciudadanos intenta paliar con distintas enmiendas la situación de abuso que sufren muchos funcionarios, entre ellas, una para suspender los procesos actualmente abiertos de oferta pública de empleo, para no perjudicar a los funcionarios interinos en situación de abuso, que podrían perder su puesto de trabajo en dichos procesos abiertos.

Asimismo, este partido considera que la “lacra” de la corrupción es la culpable de que los funcionarios interinos de carrera sigan esperando su plaza fija mientras “se enchufa a dedo”. Por eso, este grupo parlamentario quiere que los gestores públicos y políticos responsables de esta situación respondan ante los tribunales.

También busca derogar la normativa que permite el ‘Nivel 33’ en la Administración, es decir, la consolidación de grado a nivel de director general de los funcionarios de carrera que retornan a su puesto de trabajo tras su paso por un puesto de responsabilidad política. Para Ciudadanos es una “anomalía”, por lo que pretende acabar con este “privilegio”.

DEMOCRACIA E IGUALDAD

Por otro lado, el partido de Inés Arrimadas cree que estos Presupuestos ahondan en la “desigualdad” territorial de España porque el Gobierno “premia” a las comunidades autónomas gobernadas por los partidos de la coalición o sus afines, así como a las regiones que “amenazan con saltarse la ley” frente a las “leales”.

Este grupo parlamentario explica que las comunidades que más ven incrementar sus inversiones están gobernadas por partidos que apoyan al Gobierno central, refiriéndose a que Cataluña recibirá 231 millones más de inversión pública que en 2021, llegando hasta los 2.230 millones; mientras que Andalucía recibirá una inversión per cápita 7 puntos inferior.

Además, otra de las consecuencias que tiene utilizar unas cuentas para “conseguir el voto de los nacionalistas” es que las provincias “castigadas” por la despoblación son “olvidadas” por este Gobierno “progresista”. “España debe presentarse como la democracia plena que es, un país de derechos y libertades y que en Europa está nuestro futuro”, añade.

Para conseguirlo, Ciudadanos presenta una enmienda para recuperar las becas Séneca, eliminadas por el Gobierno del PP de la X legislatura, para que los jóvenes puedan estudiar en otros lugares de España, y otra para eliminar la subida de sueldo del 2% a los miembros y altos cargos del Gobierno.

En este mismo ámbito, pide destinar 250.000 euros para que la Secretaría de Estado para la Unión Europea financie acciones de promoción de españoles en las instituciones europeas, así como la preparación de españoles para entrar en plazas a las mismas a cualquier nivel.

También plasma una dotación económica para que el Instituto Cervantes lleve a cabo labores de defensa y promoción del legado hispánico para luchar contra “leyendas negras” y reforzar, con dotación presupuestaria, la Alta Inspección Educativa que durante décadas PSOE y PP se “han negado a poner en marcha para garantizar unos contenidos neutrales y libres de ideología”.

Para acabar, frente al “criterio arbitrario” del Gobierno en el reparto territorial de inversiones, Ciudadanos propone el impulso de un calendario urgente para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica con criterios de “transparencia, justicia y equidad” que deje de generar “privilegios y agravios”.