Pablo Llarena, portavoz de la APM, valoraba así, en declaraciones a Servimedia, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya anunciado que el Gobierno introducirá un cambio en la Ley de Transparencia de Gobierno, de manera que se exigirán "responsabilidades penales" a los gestores públicos que gasten más de lo estipulado.

A este respecto, Llarena señaló que “no se puede someter a los tribunales que analicen si verdaderamente el gasto se ha comprometido en opciones óptimas o no. Eso tiene que ser un control político”.

Sin embargo, indicó que el hecho de que “se exceda de los límites presupuestarios puede ser perfectamente objeto de control judicial”. A su juicio, esto se haría “con absoluta neutralidad” y podría ser objeto de una “sanción penal” para los cargos públicos incumplidores.