Así, el Cermi solicita a Marcos que, como responsable administrativa, investigue la situación y ponga los medios a su alcance para dar fin a esta situación que tiene trazas de incurrir en tantas circunstancias de "dudosa" legalidad.

También explica que "sorprenden" muchas de las circunstancias que afectan al residente como que no se tenga en cuenta su edad y el entorno en el que se le ha institucionalizado, "circunstancia que, incluso, queda expresamente prohibida en algunas comunidades autónomas".

Asimismo, señala que existen centros en el ámbito de su comunidad autónoma y otros dispositivos "no necesariamente" institucionales que pueden satisfacer con "mayores" garantías y ofrecer una "adecuada" atención de las necesidades básicas de los usuarios que garanticen el máximo de autonomía personal.

Tras los dos años que lleva internado "forzosamente" en el centro, "no se le ha dado la oportunidad de recibir los apoyos para la toma de decisiones que requiere, a través de la activación de un procedimiento de modificación de la capacidad de obrar que respete sus derechos y su dignidad".

"Él, aun estando dentro del circuito de tutela judicial, no cuenta con esos apoyos y su situación indeterminada hace difícil la defensa de sus intereses", indica el Cermi. Para el Comité, "lamentablemente", se dan una serie de circunstancias que inducen a que pueda ser objeto de "posibles" abusos y al quebranto "probable" de sus derechos.

Según explica el Cermi, en el centro, según las informaciones “fidedignas” obtenidas, se le trata, formalmente, con "términos con claras connotaciones peyorativas", así como que se le ha prohibido la visita e, incluso, el contacto telefónico de una de sus personas de confianza, "bajo criterio unilateral de la dirección del centro", sin respaldo normativo suficiente.

"La única razón aparente por la cual el interno no cuenta con las garantías y con la protección de sus derechos en igualdad de oportunidades es su situación de discapacidad, circunstancia claramente prohibida por nuestra legislación y, en especial, por la Constitución Española y por la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad", añade.

El Cermi ejerce esta labor de denuncia de un "posible atropello" a los derechos humanos de una persona con discapacidad, en su calidad de organismo independiente de seguimiento de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, tras las quejas recibidas y comprobadas del caso en cuestión.