Con estos cambios, el Gobierno cumple con la directiva comunitaria sobre esta materia e, incluso "va más allá de lo estrictamente planteado por Bruselas".

El Ejecutivo subraya que la revisión de esta ley también "apuntalará" el sistema público de supervisión y control de calidad, y "clarifica" el régimen de responsabilidades de los auditores sobre las empresas que auditen.

En este sentido, incorpora, por primera vez de forma expresa al ordenamiento español, el principio de "responsabilidad plena" del auditor de cuentas del grupo respecto a los estados financieros consolidados.

También se refuerza el sistema público de supervisión de las sociedades de auditoría, dando competencias de control de calidad de estas entidades, incluidas las de inspección y revisión periódica, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).