Considera que se trata de una "medida que agravará la situación del sector fotovoltaico español, seriamente afectado, sin que se hayan resuelto los graves problemas de retroactividad e inseguridad jurídica que afectan al mismo".

Este colectivo entiende que esta decisión provoca un "nuevo agravio y perjuicio para un sector productivo, como el fotovoltaico, que ya está castigado por anteriores reducciones en la retribución, en la capacidad productiva y en la rentabilidad y viabilidad financiera de las instalaciones".

Por ello, la UNEF solicita del Gobierno medidas inmediatas, encaminadas a una nueva definición del mix energético, de modo que todas las tecnologías tengan un espacio razonable, seguro, equitativo y capaz de generar empleo y contribuir a una reactivación económica adecuada a las circunstancias actuales.

El sector fotovoltaico apremia a todas las administraciones a trabajar por un reparto adecuado de cargas y compromisos entre todos los agentes implicados en el sector energético, de manera que todos contribuyan a la necesaria sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Asímismo, UNEF invita a los responsables gubernamentales a considerar que, con esta moratoria, anunciada sin que se hayan solucionado los problemas anteriores, de flagrante retroactividad y falta de seguridad jurídica, no se impida el establecer condiciones que mantengan a España en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad marcados por la Unión Europea, en sus diversas directivas, y asumidos por todos los países.