Esta propuesta de nueva legislación es la primera que ve la luz tras el Acuerdo sobre los Bosques anunciado recientemente en la Cumbre del Clima de Glasgow (conocida como COP26), apoyado por la Comisión Europea y varios países europeos, como Alemania, España, Italia y Noruega, con el fin de detener y revertir la deforestación para 2030.

El mundo perdió 420 millones de hectáreas de bosque entre 1990 y 2020, una superficie mayor que la UE. La Comisión Europea propone que los productos que los ciudadanos comunitarios compren, utilicen y consuman en el mercado de la UE no contribuyan a la deforestación mundial y a la degradación forestal.

El principal motor de estos procesos es la expansión de las tierras agrícolas ligada a la producción de materias primas como la soja, la carne de vacuno, el aceite de palma, la madera, el cacao y el café, y de algunos de sus productos derivados.

“Para tener éxito en la lucha mundial contra las crisis climática y de biodiversidad, debemos asumir la responsabilidad de actuar tanto en el interior como en el extranjero. Nuestro Reglamento sobre deforestación responde a las peticiones de los ciudadanos de minimizar la contribución europea a la deforestación y promover el consumo sostenible”, apuntó Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo en la Comisión Europea.

DILIGENCIA DEBIDA

El reglamento establece normas obligatorias de diligencia debida para las empresas que deseen comercializar estas materias primas en el mercado de la UE con el fin de garantizar que sólo se permitan en el mercado de la UE productos legales y que no contribuyan a la deforestación.

Las nuevas normas exigirán a las empresas que comercializan por primera vez productos o productos básicos pertinentes en el mercado de la UE que actúen con la debida diligencia para poder garantizar que esos artículos no se han producido en tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020 y han sido producidos de conformidad con la legislación del país de producción. El incumplimiento de alguno de esos dos requisitos conlleva la prohibición de la venta de esos productos en la UE.

Las empresas deberán obtener las coordenadas geográficas de las parcelas donde se hayan producido los productos básicos que comercializan, con el fin de garantizar que sólo entren en el mercado de la UE productos libres de deforestación y que las autoridades de control de los países comunitarios dispongan de los medios necesarios para comprobar que se cumple este requisito.

La Comisión Europea utilizará un sistema de evaluación comparativa para evaluar los países y su nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal derivado de las materias primas contempladas en el reglamento.

El Ejecutivo comunitario también intensificará el diálogo con otros grandes países consumidores y se comprometerá multilateralmente a mancomunar esfuerzos.

Al promover el consumo de productos que no provocan deforestación y reducir el impacto de la UE en la deforestación y la degradación forestal mundiales, se espera que las nuevas normas reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad.

Según la Comisión Europea, la lucha contra la deforestación y la degradación forestal tendrá efectos positivos en las comunidades locales, incluidas las poblaciones más vulnerables, tales como los pueblos indígenas, que dependen en gran medida de los ecosistemas forestales.