El fiscal Javier Zaragoza solicita en su escrito la inadmisión de la querella interpuesta por la Asociación Libre de Abogados (ALA) contra Ayuso y el archivo de las actuaciones por la "manifiesta ausencia de elementos indiciarios que acrediten que los hechos que se le imputan a la aforada puedan ser constitutivos de delito, declarándose igualmente incompetente para la investigación relativa a los restantes querellados".

La asociación acusa a Díaz Ayuso de aceptar la donación de la vivienda familiar que le hicieron sus padres con el objetivo de evitar, en su caso, que pudiera ser objeto de embargo por el impago de un crédito-aval que hizo a la empresa de la familia Avalmadrid.

Entiende el fiscal que la presidenta madrileña "ni tuvo relación o participación alguna en la actividad de la sociedad Infortécnica SL, ni se benefició en modo alguno del crédito-aval concedido por Avalmadrid a esta sociedad, ni puede ser considerada deudora en relación con el impago de ese crédito (lo que excluye la posibilidad de ser considerada autora material del delito)".

El ministerio público entiende que para que se sustanciara la acusación contra Ayuso como cooperadora necesaria de un delito de alzamiento de bienes tendría que haberse realizado antes, en los juzgados ordinarios, una investigación que determinara las responsabilidades de los autores del presunto delito, antes de proceder en contra de la presidenta.

Sólo en caso de que esa investigación previa arrojara indicios “inequívocamente incriminatorios” contra Díaz Ayuso y su “intervención dolosa e intencional” en los hechos se podría plantear trasladar la causa al Tribunal Supremo, que sería el tribunal competente en caso de una aforada.

El crédito concedido por Avalmadrid a la familia de Díaz Ayuso lleva tiempo bajo sospecha. Más Madrid denunció supuestas irregularidades en la concesión de un crédito con una garantía hipotecaria sobre una finca situada en Sotillos de la Adrada (Ávila) y con el aval solidario de los socios de la propia empresa.

En noviembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción acordó el archivo de la denuncia que interpuso Más Madrid. No apreció indicios de delito para investigar las sospechas por un posible alzamiento de bienes, administración desleal o por tráfico de influencias. El caso también fue estudiado por una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.