La representación teatral, que tuvo lugar en el Teatro Infanta Isabel, de Madrid, acercó al público la demanda presentada por esas organizaciones, con el guión de Ignacio del Morán y la dirección de Rakel Camacho.

José Manuel Seda, como el abogado del Estado; María Morales, como la abogada demandante; Jorge Kent, como el secretario judicial; Eva Rufo, como jueza; Jesús Noguero, como perito, y Cocó Jiménez, Natalia Erice, Montse Pla y Javier Pérez-Acebrón, como testigos, escenificaron un montaje que concluye con una sentencia condenatoria del Gobierno por su falta de compromiso en la lucha contra el cambio climático.

Dirigiéndose al público, la jueza declaró: “Se nos agota el tiempo y no podemos permanecer inactivos. Caminamos dormidos hacia un suicidio colectivo y es hora de despertar: el cambio climático es ya una evidencia científica que amenaza nuestra existencia. Los ojos de la sociedad están sobre las instituciones. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras se calienta el Planeta. Adoptar medidas para impedirlo es nuestra responsabilidad”.

“FICCIÓN DE LO QUE SUCEDE EN REALIDAD”

Tras la representación, Camacho, Del Moral y Lorena Ruiz-Huerta -ésta, abogada de Greenpeace y responsable jurídica del litigio- charlaron con los asistentes para responder a sus dudas y hablar sobre la importancia de este litigio para empujar al Gobierno a un mayor compromiso ante la emergencia climática.

Asimismo, intervinieron Javier Andaluz, coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción; Lourdes Benavides, responsable del programa de Clima y Resiliencia de Oxfam Intermón, y José Luis Postigo, del equipo de gobierno de la Coordinadora de ONG por el Desarrollo, como codemandantes junto a Greenpeace y Fridays For Future.

“La representación que hemos visto hoy es una ficción de lo que sucede en realidad: cinco organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos hemos demandado al Gobierno por su falta de acción ante el cambio climático”, apuntó Ruiz-Huerta.

La abogada añadió al respecto: “La comunidad científica es clara, la situación es de emergencia y no podemos perder más tiempo. Hacen falta políticas valientes y urgentes que garanticen que podremos dejar un mundo habitable a las generaciones futuras. Confiamos en que la sentencia del Tribunal Supremo real sea tan contundente en favor de la ciudadanía y del medio ambiente como la que ha dictado el tribunal del teatro”.

La demanda se basa en la constatación de que los sucesivos gobiernos de España han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático.

España es uno de los países más vulnerables al cambio climático de Europa y también es el que más ha aumentado sus emisiones entre 1990 y 2017. Según las organizaciones demandantes, el Gobierno está obligado a incrementar su esfuerzo de reducción de las emisiones al 55% en 2030 respecto a 1990 y alcanzar la descarbonización en 2040, para posibilitar que las generaciones futuras puedan disfrutar de un medio ambiente que les permita llevar una vida en condiciones dignas.

Esta demanda se enmarca dentro de otros litigios climáticos en varios países que sostienen que la falta de acción contra el cambio climático vulnera los derechos humanos.