Según informó este jueves el Instituto Armado, en el marco de esta operación se ha declarado como investigadas a 23 personas, a las que se imputan los delitos de falsedad documental, contra la flora, fauna y animales domésticos (furtivismo), encubrimiento, receptación y grupo criminal.

Entre los encausados se encuentran el taxidermista y 22 cazadores y gestores de cotos. Estos implicados pertenecen a las provincias de Ávila, Burgos, Valladolid, Guadalajara y Madrid.

La trama de furtivos actuó en 60 cotos repartidos por todas las provincias de Castilla y León, Extremadura y Aragón junto con los de las provincias de Guadalajara, Albacete, Toledo, Málaga, Castellón, Tarragona, Madrid, incluso las reservas regionales de caza de Castilla y León y de Aragón.

PISTA DE LOS PRECINTOS

En la operación se han intervenido 13 trofeos de corzo, un cráneo de lobo, un congelador con especies alóctonas (cotorra nanday) pendientes de realizar taxidermia, 4 trofeos de macho montés y 123 precintos de caza. De los precintos incautados la mayoría de ellos habían sido manipulados.

La operación se inició en el mes de mayo, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento, de la existencia de un taller ilegal dedicado al disecado de animales ubicado en Móstoles (Madrid). La inspección del lugar permitió saber que en el mismo se ejercía la taxidermia o disecado de animales y que carecía de licencia.

En esas instalaciones, se hallaron un gran número de trofeos en diferentes zonas de trabajo, así como precintos de distintas temporadas. Tras extender el acta de los hechos, se intervinieron un total de 13 trofeos de corzo, así como un cráneo de lobo, los cuales carecían de precinto.

Analizados los datos de los libros de taxidermia y los precintos, se observó como el sistema de seguridad de muchos de ellos habían sido alterados por lo que se procedió a otras dos inspecciones más. Las pesquisas permitieron conocer el nombre de los cazadores y los lugares donde fueron abatidas las piezas.