El acuerdo fue sancionado en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados y al acto asistieron la presidenta del Congreso, Mertixell Batet; el del Senado, Ander Gil; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora de esta actualización; y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El documento fue firmado por todos los integrantes de las comisiones de Igualdad del Congreso y del Senado.

Tras la firma, Montero, en declaraciones a los periodistas, confesó estar muy contenta con el acuerdo que se ha hecho público el Día Internacional contra la eliminación de la violencia contra las mujeres, y destacó que "hoy hemos hecho política de Estado, alcanzando un acuerdo con el mismo consenso que en el año 2017, para actualizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, convertirlo en permanente y blindar su financiación, así como todas sus medidas, que nos permiten combatir todas las formas de violencia contra las mujeres ".

"La actualización del Pacto de Estado implica medidas importantes, tanto para garantizar una financiación estable a las entidades feministas, como para mejorar las condiciones presupuestarias que permiten la ejecución de los fondos del Pacto de Estado", agregó.

También se refirió al consenso logrado la presidenta del Congreso, Meritxel, Batet, quien puso de ejemplo al Pacto de Estado contra la violencia de género porque ha sido capaz de generar “consensos fundamentales en el seno de las instituciones. Consensos que son la base no solo para impulsar no solo los maracos jurídicos adecuados, sino también todas aquellas políticas públicas efectivas para alcanzar el objetivo compartido de la eliminación total y sin fisuras de la violencia contra las mujeres”.

Así, el punto 2 del acuerdo firmado se compromete a hacer “permanente la obligación de dotar de una financiación pública estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico, para sostener las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, mejorar su detección y asegurar una respuesta integral y especializada a las víctimas por parte de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales y de los territorios forales. La financiación pública debe tener la flexibilidad y la capacidad de ser ejecutada de forma plurianual para poder llevar a cabo la continuidad de los proyectos y asegurar que las actuaciones realizadas tengan un mayor impacto”, aunque no fija ninguna cantidad.

También garantiza la financiación de los fondos del Pacto de Estado para el desarrollo por parte de entidades sin ánimo de lucro, tanto estatales como autonómicas, de programas de prevención y sensibilización, así como de acompañamiento y atención a víctimas y sobrevivientes de cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres, incluidas las víctimas menores de edad.

Además, cada 25 de noviembre las Cortes auditarán el empleo de los fondos del Pacto de Estado entregados a comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades.

El documento también se compromete a “asegurar la especialización profesional; establecer la obligación de aprobar cada cinco años una Estrategia Estatal frente a la violencia contra las mujeres; hacer permanente el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención como la política específica de prevención y sensibilización, así como reforzar la protección de aquellas mujeres que se enfrentan otras formas de discriminación y obstáculos añadidos en la salida de la violencia y la reparación y son doblemente vulnerables, como las mujeres mayores, las mujeres migrantes, las mujeres rurales, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres con discapacidad o mujeres en situación administrativa irregular".

Sobre la ausencia de Vox en este consenso, la ministra de Igualdad dijo que “hoy las instituciones hemos estado a la altura de las mujeres de este país. No vamos a tolerar a los negacionistas de la violencia contra las mujeres”.