En un comunicado de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), se recoge el rechazo de los pescadores y armadores del Mediterráneo a la propuesta de reducción de días por considerarla “inviable” y la sensación de “amenaza para nuestra supervivencia”. Las primeras protestas se hacen coincidir con el Consejo de Ministros de Pesca.

La propuesta de la Comisión, de cara al próximo Consejo comunitario, contempla entre otras una reducción adicional del 7,5% de los días de pesca para la flota de arrastre y del mismo porcentaje para la de palangre. La propuesta establece también un Total Admisible de Capturas (TAC) de 800 toneladas para la gamba roja, un 13% menos respecto a las capturas realizadas en 2020, según la Comisión Europea.

Los pescadores del Mediterráneo solicitaron de nuevo la defensa del Gobierno español ante la “insensibilidad, incapacidad de diálogo y desconocimiento de la realidad pesquera por parte de los políticos europeos que ni siquiera disponen aún de datos científicos sobre los resultados de las medidas ya adoptadas”.

Señalaron que aún no se dispone de los resultados de las evaluaciones científicas de las medidas ya adoptadas por los pescadores en aplicación del plan de gestión de demersales (peces de fondo) de la Unión Europea, en vigor desde enero de 2020.

Según el vicepresidente segundo de Cepesca y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, “la propuesta de la Comisión Europea va más allá de nuestros peores presagios y supone la puntilla para la actividad pesquera en el Mediterráneo, de la que dependen, únicamente en la modalidad de arrastre, cerca de 600 barcos de pesca y más de 17.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos”.

La Comisión Europea "vuelve a demostrar su lejanía y desconocimiento de la actividad pesquera, más allá de una absoluta falta de sensibilidad no solo con los pescadores, sino también con todos los actores implicados”, se quejó.

El Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental, adoptado en 2019 y en vigor desde enero de 2020 para regular la pesca demersal con el objetivo de lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en 2025, ha tenido un “duro impacto” en la flota pesquera del Mediterráneo, según Cepesca, por las reducciones del esfuerzo pesquero.

Por todo ello, Cepesca solicitó al Gobierno español que rechace cualquier reducción adicional del esfuerzo pesquero, la creación de un TAC o la introducción de medidas de selectividad adicionales hasta que no se conozca la efectividad de las medidas puestas en marcha.