Según denunciaron, las organizaciones sociales no gubernamentales, defensoras de los derechos humanos en países de Centroamérica, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras o Costa Rica, están siendo objeto del acoso judicial, policial y mediático, así como de un proceso de criminalización que busca su desprestigio para acabar con las críticas a las vulneraciones de derechos fundamentales que tienen lugar en estos países.

Así lo ha denunciado Alianza por la Solidaridad-ActionAid que ha seguido de cerca la persecución a organizaciones locales con las que trabaja directamente y los señalamientos de otras cuyos líderes han tenido que dejar el país por razones de seguridad.

En este sentido, la oNG recordó el último de estos casos, que ha tenido lugar esta misma semana, cuando el Gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, “acorde con la deriva dictatorial en la que se encuentra ese Estado americano”, envió a fuerzas de la Fiscalía, policiales e incluso militares a diferentes ONG, entre las que se encuentra ProVida, socia de Alianza, y otras seis organizaciones, allanando sus instalaciones y llevándose material de sus sedes, bajo acusaciones infundadas de malversación de fondos.

La organización ProVida, según explicó Alianza por la solidaridad, lleva 37 años trabajando con las comunidades, muy especialmente en la defensa del derecho al acceso a agua potable, en uno de los países del mundo con más estrés hídrico en relación con su población.

A este respecto, Karen Ramírez, su portavoz señaló que “está claro que lo que quieren en descalificarnos desde el Estado, cuando es manifiesto que nuestra ONG depende de fondos extranjeros, dentro de una estrategia de hostigamiento a las organizaciones de izquierdas que proveemos de servicios, como educación o agua, que debería proveer el Estado salvadoreño. Es algo que nos pone en riesgo porque genera desconfianza hacia nuestro trabajo en los territorios”.

Por su parte, la ONG recordó que en otros países se viven también situaciones similares se viven en otros países. Como Nicaragua, donde numerosos líderes sociales opuestos al régimen de Daniel Ortega están en la cárcel y las ONG tienen poco margen de maniobra y prácticamente, todas las ONG y líderes están sujetas a una férrea censura, en prisión o fuera del país.

En Guatemala, la ONG señala que el gobierno de Alejandro Giamattei continúa “su acoso y criminalización contra cualquier voz discordante, aumentando al mismo tiempo las agresiones a líderes de derechos humanos”. Según Udefegua, en 2020 se batió récord de estas agresiones, hasta los 1.055 casos, pese a que fue el año del confinamiento. El pasado día 24 de noviembre, ordenó la detención de dos opositores a su Gobierno por participar en una manifestación de protesta convocada contra sus recortes sociales.

Por ello, Alianza por la Solidaridad-ActionAid consideró inadmisible que, en estas circunstancias, las representaciones diplomáticas del Gobierno español no salgan en defensa de los derechos humanos fundamentales en Centroamérica, como hacen en otros foros internacionales (ONU, UE, G-20, etcétera), por lo que exigió su posicionamiento claro a favor de la sociedad civil centroamericana.