Así lo desvela el estudio ‘Una llave para nuestro futuro: vivienda y envejecimiento en comunidad”, publicado este martes por Provivienda para abordar la situación de vivienda de las personas mayores de 65 años en España y según el cual, además, entre quienes viven de alquiler la exclusión residencial alcanza el 53,5% y el 44,7% de los hogares no dispone de recursos suficientes tras afrontar el pago de la vivienda.

“Envejecer bien no debería ser un privilegio heredado, sino un derecho garantizado. Los datos del informe muestran que la vivienda es un pilar estructural del bienestar: cuando no reúne condiciones adecuadas, se convierte en un factor de exclusión” señaló al respecto la co-directora general de Provivienda, Gema Gallardo.

Si bien el estudio muestra que la vivienda en propiedad es “mayoritaria” entre la población mayor, llegando al 87,8% de los hogares encabezados por personas de 65 años, estos hogares también sufren problemas relacionados con la calidad de la vivienda o su entorno.

El 19,6% de los hogares encabezados por personas mayores que residen en vivienda en propiedad también se encuentra en exclusión residencial, con problemas relacionados con la pobreza energética o los gastos asociados al mantenimiento del hogar, según la responsable de investigación y evaluación de Provivienda, Elena Martínez.

El porcentaje de hogares que declara “mala accesibilidad” del edificio asciende al 36,3% entre quienes declaran tener una limitación grave, que pueden experimentar dificultades para salir de su edificio de forma autónoma.

Asimismo, el porcentaje de personas mayores de 65 años que viven solas era del 16,6% en 1991 y actualmente el 47,2% de los hogares encabezados por personas de 65 o más años son unipersonales.

TENDENCIAS

El informe señala tendencias que tendrán un “impacto directo” en el envejecimiento futuro, entre las que Martínez destacó que la tenencia entre menores de 35 años desciende del 66% al 31,8% entre 2002 y 2022 al mismo tiempo que “el alquiler se encarece y los contratos son cada vez más inestables, lo que incrementa el riesgo de exclusión residencial en la vejez”.

El informe concluye que el contexto residencial favorece que las desigualdades aumenten, las brechas entre personas propietarias e inquilinas se amplíen y la soledad se intensifica en un contexto de hogares unipersonales y carencia de infraestructuras sociales.

Entre la batería de propuestas que aporta el informe, Provivienda mencionó las de mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad del parque residencial, que juzgó “clave” para prevenir situaciones de dependencia o el impulso de los apoyos comunitarios y servicios de proximidad que permitan a las personas mayores permanecer en su hogar y evitar ingresos institucionales no deseados.

En este sentido, su co-directora general reivindicó que “garantizar viviendas accesibles, asequibles y adecuadas, junto con apoyos comunitarios y servicios de proximidad, se presenta como un eje clave para un envejecimiento digno y en comunidad”.

El informe ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la convocatoria de Subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.