Esta formación señala que supone un incumplimiento del artículo tercero de la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que garantiza la asistencia sanitaria a los residentes en España que no tengan permiso de residencia legal.

La diputada consideró que, “aunque la Consejería de Sanidad no ha hecho nada hasta la fecha, es evidente que debe conocer que tras la entrada en vigor de dicho decreto todas las personas que permanecen en España sin permiso de residencia legal una vez caducado su visado de turista, o más de 90 días en el caso de haber entrado sin visado, tiene derecho a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”.

Manifestó, que si alguna de estas personas necesita acudir a un centro hospitalario antes de haber tramitado la solicitud de dicho derecho, una vez atendida la urgencia, al servicio de admisión del hospital solo le cabe informar al paciente del lugar de la Consejería de Sanidad donde se tramita la solicitud del derecho a la asistencia sanitaria para que pueda realizar los trámites.

“En ningún caso es admisible que se niegue la asistencia a ninguna persona por falta de trámites administrativos ni mucho menos que se deriven pacientes a centros privados”, señaló Vanessa Lillo.

Los motivos por los que una persona puede carecer de CIPA o dado temporalmente de baja son diversos y no afectan solamente a los ciudadanos extranjeros.

“Emitir órdenes específicas para ciudadanos extranjeros es una actuación que solo podemos calificar de xenófoba por lo que consideramos que dicha directora médica no puede permanecer en su puesto ni un día más”, según Lillo.

En la PNL se expone que el derecho a la salud va ineludiblemente unido al derecho a la vida. Por eso, según Lillo, es “inconcebible que alguien que ejerce esa responsabilidad en un hospital público anteponga otro tipo de intereses al propio código deontológico el cual establece el deber prioritario del cuidado de la salud del individuo y la comunidad, sin discriminación alguna, e inste al resto de profesionales a la disuasión de la atención y a la exclusión sanitaria”.