El texto del dictamen de la ponencia salió adelante con 21 votos a favor y 16 abstenciones. Ningún diputado votó en contra.

Según sus impulsores, la nueva norma busca regular un régimen formativo que responda "con flexibilidad a los intereses y aspiraciones de cualificación profesional de las personas y a las competencias demandadas en la actualidad para aumentar la productividad y generar empleo".

Asimismo, contempla un modelo basado en itinerarios formativos para facilitar la progresión en la formación y que están estructurados en una doble escala: por un lado, existirán cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E) de las ofertas formativas; y por otro lado, tres niveles de competencia profesional (1, 2 y 3), de acuerdo con lo dispuesto en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencia Profesional.

Durante su trámite en comisión se han presentado 592 enmiendas, de las que 209 han sido aprobadas o transaccionadas, según reconocieron en el Grupo Socialista. La formación que más propuestas ha trabajado ha sido el Grupo Popular, con 83, de las que sólo se han aprobado cuatro y transaccionado 17, según indicó el diputado Óscar Clavell.

Durante la comisión el diputado socialista Lázaro Azorín subrayó que la futura ley supondrá “un salto de gigante del sistema educativo” y buscará situar a la FP española “en la vanguardia del progreso” a partir del fomento de la “equidad y la justicia social” y con la calidad y herramientas suficientes. “Un país sin FP es un país sin futuro”, dijo.

Su compañera de grupo Luz Martínez Seijo aseveró que la normativa será “la primera ley que alcance un amplio consenso parlamentario” y agradeció “el buen tono” y el “esfuerzo colectivo de todos los grupos” durante su tramitación. También aplaudió que se esté tramitando “una ley de consenso en el fondo y en el contenido”, aunque lamentó “posiciones e intereses partidistas”, en referencia a Vox. Según Seijo, la abstención de Vox se produjo “sin motivos verdaderamente objetivos”. “Es una ley más que necesaria, lo manifestaron el número amplio de comparecientes", argumentó, y según ella, mejorará la formación de los jóvenes y también a lo largo de la vida.

Durante su turno, Óscar Clavell (Grupo Popular) reconoció que “era necesario modernizar la ley de FP” ante la tasa de desempleo y el porcentaje de ‘ninis’, datos “nefastos” que, según dijo, se producen “cuando gobierna la izquierda”. Por ello, mostró la “predisposición” de su partido a sacar la nueva norma adelante.

FONDOS

Clavell lamentó que no se hayan aceptado enmiendas de su grupo referidas a cuestiones como la inserción laboral, el papel de los sindicatos educativos o que no exista memoria económica. “Está excesivamente vinculada a los fondos europeos ¿Qué pasará cuando esos fondos dejen de venir a España?”, preguntó.

Desde Vox, Georgina Trías apuntó que la ley, “aunque vende bien, va a ser ineficaz” y reclamó “un sistema único de FP de carácter nacional”. En su opinión, la norma tiene “bastantes lagunas” y el texto “ha empeorado” durante su tramitación, porque, entre otras cuestiones, “los separatistas dificultan el desarrollo de un sistema de FP en España”. “Pero, dada la urgencia, nos abstendremos”, justificó.

El diputado Javier Sánchez (GCUP-EC-GC) indicó que el texto tratará de “corregir una debilidad histórica y saldar una obligación que teníamos con los estudiantes que quieren optar por la FP”, estudios mal considerados como “de segundo nivel”. Sánchez recalcó la necesidad de una oferta pública para garantizar igualdad de oportunidades y puso el foco en que habría que acotar lo relativo a las prácticas en empresas.

Independentistas catalanes y vascos reclamaron una mayor flexibilidad de la norma porque entienden que invade competencias autonómicas y presumieron de que los modelos de FP de ambas comunidades autónomas ya funcionan por sí solos.