La norma proviene de un real decreto aprobado en Consejo de Ministros y que se convalidó en el Congreso de los Diputados el 21 de julio, fecha desde la que se tramita como proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.

El texto, a su vez, proviene de un acuerdo con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF y del debate en el seno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, así como de reuniones de la Comisión Coordinadora del Empleo Público, entre las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La norma da cumplimiento a una de las reformas contenidas en el plan de recuperación, así como a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.

El compromiso del Gobierno cuando inició todo este proceso para cumplir con Bruselas y las decisiones judiciales pasa por reducir la temporalidad del conjunto de las administraciones hasta situarla por debajo del 8%. Las administraciones públicas deberán ofertar, antes del 1 de junio de 2022, las plazas de temporales que están actualmente ocupadas. Los procesos selectivos deberán finalizar antes de 31 de diciembre de 2024. El acceso a estas plazas se realizará mediante un proceso de concurso-oposición y la valoración de la fase de concurso será del 40% y la experiencia será el factor determinante.

Además, la norma establece que los ejercicios en la fase de oposición podrán considerarse como no eliminatorios. Las administraciones podrán adaptar el temario y el tipo de pruebas al proceso de estabilización propio de cada ámbito.

De manera excepcional, convocarán por el sistema de concurso las plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, de forma que este proceso extraordinario de estabilización afecta a las plazas estructurales que lleven al menos cinco años ocupadas de manera interina, así como a aquellas ocupadas por empleados interinos que lleven más de cinco años trabajando en la administración.

La norma, pendiente de su aprobación en el Senado, también contempla que el personal interino que no supere el proceso selectivo tendrá derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12meses y a incorporarse a una bolsa de empleo específico.

Con respecto a los ámbitos educativo y sanitario, habrá un plazo de un año para adaptar la normativa al personal docente y al personal estatutario y equivalente de los servicios de salud. Por lo demás, este proceso de estabilización será de aplicación en todos los niveles de la administración y también en las sociedades mercantiles públicas, las entidades públicas empresariales, las fundaciones y los consorcios del sector público.