En su escrito, al que tuvo acceso Servimedia, Lara señala que la ONIF es una de las secciones “más sensibles” de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, al ser el lugar donde se investigan los casos de fraude más importantes, muchos de ellos con relevancia judicial y social”.

Cayo Lara considera que, por “salud democrática”, el Gobierno debería explicar “todo malentendido” sobre la relación entre cese de dichos funcionarios y los casos judiciales en curso.

Por eso, pregunta al Gobierno “en qué casos, de los que actualmente están sometidos a diligencias judiciales y cuentan con personas aforadas como imputados, como por ejemplo el ‘Caso Gürtel’ o ‘Palma Arena’, han tenido relación los funcionarios cesados”.

“¿Han participado o participan los funcionarios cesados en los expedientes que han generado información de la Agencia Tributaria a los juzgados sobre los casos relacionados con Afinsa, Fórum o Nóos?”, inquiere.

El líder del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural quiere saber también cómo piensa el Gobierno “recuperar los retrasos en tiempo y agilidad en la investigación de los casos de notoriedad pública o judicial que estén en proceso de investigación y en los que estuvieran participando los funcionarios cesados”.

PLANTILLA ESCASA

En cuanto a la reducción de plantilla que suponen los ceses, Lara señala que la dotación de sólo 210 personas para desarrollar el trabajo de esta oficina, aunque esté constituida en su mayor parte por inspectores de Hacienda con un alto nivel de preparación y experiencia […] parece claramente insuficiente, cuando, además, el Gobierno ha adoptado un nuevo plan de medida contra el fraude fiscal”.

En este sentido, Lara pregunta al Gobierno si “considera suficiente el volumen de personal que trabaja en la ONIF para el cumplimiento eficaz y satisfactorio de su cometido, dadas las cifras de fraude y la necesidad de aumentar los ingresos para combatir el déficit”.