El pasado martes, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Sofía Castañón, y el coordinador de Alianza Verde y también diputado de UP Juantxo López de Uralde anunciaron que la siguiente vez que el espacio confederal disponga de cupo para someter una proposición de ley a la toma en consideración del Congreso, la elegida sería la que, si fuera aprobada, crearía una empresa pública de energía que garantizase el suministro a todos los hogares y contener los precios si el mercado mayorista se dispara.

Según indicaron a Servimedia fuentes de Unidas Podemos, el grupo ya no tiene cupo legislativo en las sesiones que quedan de diciembre, y, en el período que va febrero a junio, podría corresponderle presentar una o dos iniciativas de esta índole, según aprovechen o no el suyo otros grupos parlamentarios.

Si al final sólo pudiera someter a admisión a trámite una proposición de ley, ésta sería la de la empresa de energía, un clásico del espacio confederal y muy apropiada para debatir en pleno invierno, pero que el PSOE no se ha mostrado muy dispuesto a apoyar. Si fueran dos, la segunda todavía está por decidir; además de la del cannabis, una con papeletas para entrar sería la ley de salud mental, toda vez que a Unidas Podemos le parece insuficiente una mera estrategia como la aprobada en el Gobierno.

Es decir, que, aunque hay diputados en Unidas Podemos partidarios de tramitar cuanto antes su proposición de ley de regulación del cannabis, para aprovechar el espaldarazo que supone que el nuevo Gobierno alemán se ha comprometido a hacer otra similar, es muy posible que las prioridades legislativas del grupo confederal posterguen su presentación al curso político 2022-23, el último de la legislatura.

Las fuentes consultadas indicaron a esta agencia que dicha posibilidad tendría una ventaja: que, para entonces, ya habrá terminado sus trabajos la subcomisión parlamentaria que tiene pendiente regular el uso terapéutico del cannabis, una vertiente que Unidas Podemos no aborda en su proposición registrada el pasado 6 de octubre porque prefiere diferenciarla del uso lúdico o recreativo, que es en el que se centra.

Sin embargo, añaden en UP, el aplazamiento al siguiente período de sesiones, el del otoño de 2022, conllevaría el riesgo de que el PSOE, que ya votó el 19 de octubre en contra de la admisión a trámite de una proposición de ley similar de Más País, tuviera muy fácil escudarse en un largo plazo de enmiendas, prorrogable tantas veces como necesitara con el apoyo de PP o Vox, para ir postergando el debate y votación definitivos de la propuesta.

COMO LA ‘LEY MORDAZA’

En esta situación de período de enmiendas se encuentra, por ejemplo, la proposición de ley de libertad de expresión con la que Unidas Podemos aspira a despenalizar las injurias a la Corona y las ofensas a los sentimientos religiosos, que se admitió a trámite en junio, y se ha pasado más de un año la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada por los partidos de izquierda ‘ley mordaza’, que, aun después del acuerdo entre los dos socios de gobierno, todavía ha de pactarse con el PNV, autor de la proposición de ley, y de llevarse a votación en el Pleno.

Es decir, que, pese al ejemplo del nuevo Gobierno socialdemócrata alemán, los socialistas podrían eludir un tema, el de la legalización del cultivo y consumo de cannabis en ciertas condiciones, que les suponer ciertos escrúpulos pero del que son partidarios la mayor parte de sus votantes. Aunque el presidente, Pedro Sánchez, agote la legislatura, la proposición podría no llegar a votarse y decaer con la disolución de las cámaras, a la espera de qué nueva mayoría parlamentaria dibujen las elecciones de 2023.

El pasado 29 de noviembre, el grupo confederal organizó en la Cámara Baja una jornada con colectivos partidarios de la legalización del cannabis en la que expuso su iniciativa, y el portavoz del mismo, Pablo Echenique, terminó su intervención dirigiéndose "con todo el respeto al socio de gobierno, al Partido Socialista, para que nos ayude a arreglar esta importante ruptura de la democracia representativa” consistente en que el 49% de los ciudadanos defienden regular esta materia y sólo el 20% de los diputados votan en consonancia.

“Sólo falta el PSOE para configurar la mayoría parlamentaria que ahí afuera ya es la mayoría social. Si sus diputados votan como piensan la mayoría de sus votantes, tendremos ya una mayoría de 195 votos a favor”, desafió, antes de ceder la palabra a la diputada de Unidas Podemos que capitanea la apuesta del grupo confederal por regular el cannabis y que hizo de portavoz en el debate de toma en consideración de la iniciativa de Más País, Lucía Muñoz Dalda.

Unidas Podemos confiaba en que el tiempo, la sedimentación del debate en la sociedad (ERC ha registrado otra propuesta en el mismo sentido) y los ejemplos de otros países jugaran a su favor y el PSOE tuviera que cambiar su postura inicialmente negativa, que se plasmó en su decisivo rechazo a tomar en consideración la iniciativa de Más País. Pero el escaso cupo legislativo con que cuenta por sus 35 diputados electos podría malograr esa esperanza.

Así están las perspectivas inmediatas por lo que respecta a la labor legislativa de Unidas Podemos. A nivel ejecutivo, y dejando aparte la reforma laboral, fuentes gubernamentales del espacio confederal aseguraron a Servimedia que Derechos Sociales mantiene su intención de aprobar en Consejo de Ministros su Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias a comienzos del año que viene, a pesar de que dos de sus medidas estrella, la prestación universal por crianza y la extensión a seis meses del permiso de maternidad y paternidad (un año acumulado en el caso de familias monomarentales) carecen de dotación en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.