Según detalló el Ministerio de Trabajo y Economía Social en una nota de prensa, España ratificó el citado protocolo el 12 de diciembre de 2017 y entró en vigor el 20 de septiembre de 2018, pero no había cumplido hasta el momento con la exigencia de desarrollar dicho plan contra el trabajo forzoso.

La iniciativa se hace a propuesta de las carteras de Trabajo y Economía Social; de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Justicia; del Interior; de Educación y Formación Profesional; de Igualdad, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Plan de Acción está centrado, ante todo, en la protección de las víctimas por lo que resulta esencial la tipificación del delito de trabajo forzoso. También en la adopción de medidas dirigidas a conocer mejor su perfil, con el fin de protegerlas y de mejorar las políticas de prevención y de detección.

Es la primera vez que se adopta un plan específico para luchar contra el trabajo forzoso que, hasta ahora, sólo se había abordado en conexión, por ejemplo, con actividades como la explotación laboral o la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la iniciativa ha contado con la participación de los interlocutores sociales y con las organizaciones especializadas en la lucha contra el trabajo forzoso.

El plan permitirá adoptar medidas adecuadas para proteger a las víctimas de trabajo forzoso y conocer sus necesidades y también diseñar las políticas adecuadas para luchar contra esta lacra. Tendrá una duración de tres años y se creará un grupo de trabajo interministerial que hará seguimiento de su grado de cumplimiento.

Además, el Plan cuenta con la implicación de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial y se ha elaborado con la participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones especializadas en la lucha contra el trabajo forzoso.

El hecho de que el trabajo forzoso no sea un fenómeno extendido en España “no quiere decir que no sea necesario luchar contra los casos existentes, aunque sean reducidos en número, con todos los medios a nuestro alcance”, destacó Trabajo. El objetivo es la erradicación del trabajo forzoso dentro y fuera de las fronteras españolas.

El plan permite dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por España y avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 sobre trabajo decente.

Se prevén medidas de análisis y estudio del fenómeno del trabajo forzoso: a través de las que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial mejorarán el conocimiento existente sobre el trabajo forzoso y compartirán información para prevenir mejor este tipo de conductas.

También recoge medidas de prevención, concienciación y formación, además de iniciativas de detección, investigación y enjuiciamiento, entre las que se prevé la tipificación como delito del trabajo forzoso y una intensificación de la actividad de la Inspección de Trabajo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía General del Estado. Incluye, además, medidas de protección y apoyo a las víctimas.

Por último, incluye medidas de coordinación y cooperación con los organismos internacionales (Europol, Eurojust, Frontex o Autoridad Laboral Europea, por ejemplo).