El dictamen del texto se aprobó con 171 votos a favor 88 en contra y 71 diputados se abstuvieron. Asimismo, al tener carácter de orgánico, también se votó la iniciativa de forma conjunta. Para el proyecto de ley orgánica se recibieron 330 votos y 13 telemáticos, de los que 171 (y 9 telemáticos) fueron síes; 87 noes (y uno telemático) y 72 (más tres telemáticos) abstenciones.

La iniciativa del Gobierno establece un nuevo sistema de grados de formación profesional (A, B, C, D y E), que contempla unidades de aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A), hasta títulos y cursos de especialización (grados D y E).

Asimismo, el texto dispone que toda la formación profesional tendrá carácter dual: se realizará entre el centro de formación y la empresa, en dos intensidades, en función de las características del período de formación en el centro de trabajo.

Además, existirán dos modalidades de formación profesional: general, con una duración de formación en la empresa de entre el 25 % y el 35 % y una participación de la empresa de hasta un 20% en los resultados de aprendizaje del currículo; e intensiva, con formación en la empresa a partir del 35% de la duración total y una colaboración de la empresa con el centro de formación de más del 30% respecto del currículo.

Durante el debate en el Pleno los distintos grupos coincidieron en la necesidad de modernizar el sistema de la FP en España, aunque algunos consideran que el nuevo marco normativo se queda corto.

El diputado socialista Alfredo Sancho presumió que la ley permitirá una FP “a la vanguardia” que será “piedra angular” en el desarrollo del país, y que ese objetivo es un compromiso del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de promover este tipo de formación “como enseñanzas de éxito”.

ENMIENDAS

“Nunca se había hablado tanto ni había despertado tanto interés la FP. No es una casualidad ha sido inducido por este gobierno”, presumió. Además, también subrayó que “nunca se había conseguido un acuerdo tan transversal”, pues según el parlamentario socialista el texto cuenta con el apoyo de centros, empresarios, sindicatos, comunidades autónomas, organizaciones del Tercer Sector y Gobierno y de las 592 enmiendas que se han presentado se han aceptado 213.

Estas modificaciones, detalló, abordan cuestiones como la acreditación de competencias o vías no formales, el profesorado, centros de segunda oportunidad, enseñanza virtual, registro e informe del sistema. “El futuro también dependerá de ustedes, de lo capaces que seamos construir juntos”, añadió, en respuesta a las críticas del PP, que ha presentado 83 enmiendas de las que se habrían aceptado cuatro y transaccionado 17.

Así lo remarcó la diputada del Grupo Popular Beatriz Jiménez (PP), que entiende que el Ejecutivo no cede más porque se deja llevar por sus “socios de gobierno independentistas, comunistas y herederos de ETA”.

CONCESIONES A SEPARATISTAS

En ese planteamiento coincidió Vox, pues según Georgina Trías “las concesiones a separatistas y comunistas han puesto freno a una ley que empezaba despegar con medio vuelo”. No obstante este grupo anunció su abstención al texto, después de demandar “un sistema único” de FP “y con validez en todo el territorio nacional” y criticar que la redacción del texto abuse del lenguaje inclusivo o que España no baje del 30% de paro juvenil. “Necesitamos un modelo de FP más ambicioso, menos reglado y menos rígido”, zanjó.

Javier Sánchez, del grupo confederal GCUP-EC-GC, también se refirió a la “necesidad de modernización” de la FP y subrayó que actualmente el 48% de la población activa, unos once millones de personas, trabaja sin un sin título ni acreditación profesional. Sánchez llamó a la “colaboración” y a la “corresponsabilidad” entre centros formativos y empresas y a promover “el acceso a la ciudadanía laboral de los jóvenes”, que no encuentran oferta suficiente de plazas en la red pública de FP.

Sara Giménez (Cs) calificó de “hito importante” la aprobación de esta ley, la primera de tipo educativo con consenso, dijo, aunque les hubiera gustado introducir mejoras. Los portavoces del Grupo Plural abordaron cuestiones como la intervención de las empresas en la formación, la situación del profesorado técnico, la oferta de plazas públicas y la necesidad de un psicólogo en cada centro para prevenir problemas de salud mental.

Independentistas y nacionalistas vascos y catalanes presumieron de las normas autonómicas sobre FP que funcionan “con éxito” en sus regiones desde hace años y en el hipotético choque de las competencias de la norma nacional con sus legislaciones autonómicas, mientras que Tomás Guitarte, de Teruel Existe deseó “larga vida” a la ley a la vez que trasladó su preocupación por la “emigración del talento de las zonas despobladas” a las grandes ciudades.