El trabajo de campo de ese estudio se hizo desde el 24 de noviembre, justo después de las elecciones generales, hasta el 15 de enero. En una de las preguntas, se pide a los ciudadanos que se sitúen en una escala de cero a diez entre quienes creen que el nuevo Gobierno no debe dialogar con ETA sobre el futuro de sus presos y quienes creen que debería hacerlo para asegurar el desarme y la disolución definitiva de la banda.

El 39,6% se sitúan en el primer tramo de la escala, de cero a uno. El 12,6% entre el dos y el tres; el 16,9% entre el cuatro y el seis; el 11,8% entre el siete y el ocho; y el 12,9% entre el nueve y el diez.