Según informa el Ejecutivo, con la aprobación de este Real Decreto finaliza la transposición completa de una directiva comunitaria del año 2009.

Este Real Decreto persigue tres objetivos fundamentales: en primer lugar, precisa el régimen jurídico aplicable a la emisión de dinero electrónico, clarifica su definición y el ámbito de aplicación de la norma.

Asimismo, completa el diseño de un régimen jurídico "más proporcionado" para estas entidades, que hasta ahora soportaban costes elevados; y por último, la norma establece los regímenes de supervisión y sancionador para estas entidades, similar al de las entidades de crédito.