Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguraron a Servimedia que se está trabajando intensamente para poder incluir el informe en el orden del día de del Pleno lo antes posible y, aunque no está garantizado su debate en enero, tampoco se descarta.

El Consejo de Ministros tomó en consideración en primera lectura el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda el pasado 27 de octubre. Tras esta primera lectura, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inició propiamente la tramitación del anteproyecto que debe pasar por el proceso de audiencia e información pública, informes preceptivos (entre ellos, el del CGPJ), y demás trámites previos a la conformación de un texto final que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y remisión posterior a las Cortes Generales.

Cuando quede aprobado el texto legal en las Cortes Generales, la nueva Ley de Vivienda regulará por primera vez en la historia de España el control de precios de los alquileres, permitiendo a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas a las empresas propietarias de más de diez viviendas.

El Ejecutivo no oculta sus prisas por sacar adelante un proyecto que es buque insignia de su política de vivienda y espera con ansiedad la aprobación del informe que debe realizar el CGPJ, para poder dar el siguiente paso hacia su aprobación.

Fuentes jurídicas insisten en que el Consejo asume una importante carga de trabajo puesto que son muchas las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para las que se ha solicitado informe urgente, entre ellas la compleja Ley Concursal o las últimas modificaciones del Código Penal.

Estas mismas fuentes apuntan que los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la política y que por mucha prisa que el Ejecutivo tenga en sacar adelante esta norma, el texto debe ser analizado minuciosamente antes de emitir un informe riguroso.

Este proyecto de ley tiene aristas que podrían acabar con ella en el Tribunal Constitucional. Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, defiende que el texto ofrece seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino, que no atenta contra la propiedad privada y que no va a suponer un riesgo para que los fondos de inversión dejen de considerar atractiva la inversión en España.

Según establece el anteproyecto de Ley, ya no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social, como hizo el Ayuntamiento de Madrid, porque será considerado como un patrimonio permanentemente sujeto a protección. Además, establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de treinta años. Se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas, definiendo un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva. En el resto de supuestos, se fija un plazo mínimo de descalificación de 30 años.

También introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, como figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo. Se desarrolla el concepto de vivienda digna y se define un estatuto jurídico de derechos y deberes asociados a la propiedad de vivienda, delimitando su función social.

Igualmente, se fija la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, con objeto de aplicar medidas efectivas que limite el precio de la vivienda por parte de las comunidades autónomas. Se define a los grandes tenedores como la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2, también de uso residencial, excluyendo en ambos casos garajes y trasteros.

Se establecen mecanismos de contención y reducción de la renta, impidiendo los incrementos abusivos e incentivando bajadas en el alquiler a través de un tratamiento fiscalmente favorable. Y también se contempla un mecanismo de carácter excepcional y acotado en el tiempo, para intervenir en el mercado y amortiguar las situaciones de tensión y corregir déficit en la oferta con intervención pública.

Para las viviendas arrendadas, se establece la posibilidad de que el arrendatario pueda acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.

En nuevos contratos de arrendamiento de viviendas ya arrendadas, a nuevos inquilinos, se establece la limitación del alquiler en estas zonas, con carácter general a la renta del contrato anterior (con el incremento del IPC correspondiente), permitiendo ciertos incrementos adicionales máximos en determinados supuestos establecidos en el Anteproyecto de Ley,

Cuando el propietario sea una persona jurídica gran tenedor, la renta de los nuevos contratos suscritos en áreas tensionadas estará limitada en su caso por el contrato anterior, o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia.

El texto del Gobierno también contempla el aumento del recargo de la cuota del IBI al 150% para las viviendas desocupadas, un Bono joven de 250€ para pagar el alquiler a aquellos que tengan entre 18 y 35 años y perciban unos ingresos inferiores a 23.750€ y que el 30% de la vivienda de protección oficial que se construya se destinará al parque público del alquiler, y de ese 30% la mitad será para el alquiler social.

Las criticas a este proyecto de ley tienen que ver con al “injerencia” que supone sobre la propiedad privada. Según el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “Las personas tienen derecho a ahorrar, y que el Estado venga ahora a entrar en cómo tienes que gestionar lo que ya has pagado y por lo que estás pagando impuestos es una distorsión brutal de lo que es la libertad y el derecho a la propiedad, reconocido en la Constitución".