Lo hicieron en un comunicado donde le piden rectificar las declaraciones que hizo en una entrevista en esRadio el pasado 21 de diciembre, cuando afirmó, entre otras cosas, que la atención entre centros de salud madrileños es desigual y que estarían “sobre ello”, que en algunos no cogen los teléfonos o “desaparecen los médicos”, y, que, en otros, habría profesionales “que no arriman el hombro”.

Las organizaciones calificaron las declaraciones de hirientes y ofensivas y aseguraron de ellas que, además de no ser fieles a la realidad, “no ayudan a mejorar el clima de gran tensión que se sufre día a día en los centros de salud”. Por ello, quisieron aclarar a la presidenta autonómica que existen centros de salud diferentes tanto por su arquitectura (que en ocasiones impide separar circuitos covid y no-covid) como por la cantidad de recursos personales o materiales que tienen o por las realidades socioculturales de los pacientes a los que atienden, motivos por los cuales la variabilidad de atención puede existir pero porque “las plantillas en Atención Primaria están muy mermadas”.

En este sentido, recordaron a la presidenta que la responsabilidad de la gestión de los recursos humanos de estos centros depende de la Consejería de Sanidad de su Gobierno “que lleva años ignorando este problema sin tomar las medidas necesarias para paliarlo, pese a que se lleva advirtiendo en las últimas dos décadas”; y que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condena al Gobierno de la Comunidad de Madrid por vulnerar los derechos de los médicos de Atención Primaria, según exponen en el comunicado.

Asimismo, le pidieron tener en cuenta el sobreesfuerzo que llevan realizando los profesionales durante la pandemia que “muchas veces trabajan sin los recursos humanos o materiales adecuados”, y señalaron que la Comunidad de Madrid también es conocedora de esta situación, pues advirtió del aumento de la presión asistencial en una comunicación que databa del 17 de diciembre, según afirman estas entidades.