“No existe prueba alguna, ni directa ni indiciaria, que permita afirmar que la conducta del presidente del Consejo deba ser sometida a los parámetros del Derecho Penal”, señala el encargado de la investigación, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, en el decreto dictado hoy en el que acuerda el archivo de las diligencias, al que ha tenido acceso Servimedia. En definitiva, considera que los viajes no son “constitutivos de delito alguno”.

Pero, a pesar de acordar el archivo, Martín Casallo admite que varios de los viajes, principalmente los que tenían carácter oficial pero que se prolongaron con actividades particulares, “generan algunas dudas”. Señala como ejemplo “la determinación del día o la hora en que deba entenderse terminado el carácter oficial del viaje, y, por tanto, iniciado el tratamiento particular del mismo”.

REUNIONES SECRETAS

El teniente fiscal del Supremo, aún así, afirma que estas dudas deben ser resueltas “teniendo siempre presente la proyección que el cargo del presidente del Consejo, uno de los más importantes del Estado, tiene sobre todas y cada una de las actividades que realiza la persona que lo desempeña”.

El encargado de la investigación lamenta en este sentido que la normativa del CGPJ en materia de viajes permita que “se autoricen las justificaciones de viaje sin necesidad de hacer constar el motivo concreto de la actividad que provoca el desplazamiento”. Asegura asimismo que alguno de los desplazamientos “pudo tener naturaleza o carácter de reservado dado el asunto a tratar”.

Dívar, a través de su jefe de Gabinete, alegó que el que no se haga constar las gestiones realizadas en algunos de los viajes “no significa que no existiera actividad relacionada con la representación y funciones que tiene la presidencia y que en ocasiones puede tener naturaleza no compatible con la publicidad”.

VIAJES A MARBELLA

La investigación, abierta el pasado 10 de mayo a raíz de la denuncia presentada por el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez, buscaba determinar si Dívar cometió un delito de malversación de caudales públicos por los gatos generados en los 20 viajes que realizó a Marbella (Málaga) entre noviembre de 2008 y marzo de 2012, por un total 12.996 euros. De estos gastos, 4.120 euros correspondieron a desplazamientos, 4.754 euros por alojamiento y manutención, y 4.122 euros en concepto de atenciones protocolarias.

El fiscal divide los viajes en tres grupos: los que tuvieron carácter exclusivamente privado, aquellos que tuvieron un “carácter mixto”, y los que fueron “estrictamente” oficiales.

Martín Casallo cree justificados los gastos y asegura que Dívar no tenía intención “de lucrarse o aprovecharse en su beneficio” con el dinero del Consejo. El teniente fiscal del Supremo considera normal que el presidente del Supremo no hiciese constar en los documentos que dirigía al Consejo para el reembolso de los gastos “el motivo concreto del viaje”. El escrito subraya además que la delegada de la Intervención General del Estado en el CGPJ “nunca ha puesto reparo alguno a las cuentas justificativas de los referidos viajes”.

GASTOS JUSTIFICADOS

Entre los viajes mitad oficiales mitad privados, un total de 12, destacan el que tuvo lugar entre el 24 y el 27 de junio de 2011 para asistir a un acto oficial organizado por el Ayuntamiento de Marbella o el realizado del 8 al 12 de septiembre de 2011 para reunirse con el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella.

Martín Casallo asegura que en estos viajes, que “se ven prolongados en actividades que podríamos considerar privadas”, la parte no oficial fue abonada “con cargo a la cuenta personal del denunciado”.

De los cuatro desplazamientos abonados en su totalidad por el CGPJ, destaca una visita al Ayuntamiento de Cádiz. Dívar estuvo en esta ocasión fuera cinco días, del 25 al 29 de noviembre de 2010. Con respecto a estos viajes, el escrito afirma que Dívar corrió “de manera personal con el importe de los gastos por los conceptos de desplazamiento, alojamiento y manutención”.

El encargado de la investigación subraya que la normativa, en los gastos cargados al Consejo bajo el concepto de “atenciones protocolarias”, “no exige la identificación de la persona o personas objeto de las mismas”.

En cuanto a los gastos generados por el servicio de seguridad que acompañó a Dívar, el teniente fiscal señala que “ni el criterio por el que debe regirse dicha seguridad ni el número de personas precisos para realizar tal función no depende del Consejo ni de su presidente, siendo exclusiva competencia del Ministerio del Interior”.

Si Martín Casallo llega a determinar que había indicios de actividad irregular, la Fiscalía General podría haber remitido la denuncia a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que fuese este organismo el que impulsase un hipotético proceso penal contra Dívar en el seno del Alto Tribunal.