Según informó el Ministerio en un comunicado, esta factura se refiere a las autopistas R-4, Madrid-Ocaña; R-3, Madrid-Arganda del Rey y R-5, Madrid-Navalcarnero; AP-41 Madrid-Toledo; AP-36, Ocaña-La Roda, y M-12, Eje Aeropuerto.

De las cuatro primeras -R-4, R-3, R-5 y AP-41- se ha obtenido la aprobación de la primera resolución del cálculo de la RPA y las cantidades resultantes serán revisadas.

En el caso de la R-4, Madrid-Ocaña, se ha calculado una RPA total de 181,32 millones, que resulta de sumar la RPA por obras (461,69 millones) y la RPA por expropiaciones (72,82 millones), descontando el valor de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha de la valoración, la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad (115,88 millones) y minorando las indemnizaciones pagadas a los expropiados por la administración (237,31 millones).

Sobre esta cuantía se retienen provisionalmente los importes para hacer frente a la liquidación de situaciones aún pendientes (expropiaciones pendientes de pago, de las que pueda tener que hacerse cargo la administración, incluyendo las indemnizaciones previsibles por la reanudación de expedientes expropiatorios suspendidos en virtud de convenios de cesión de aprovechamientos urbanísticos), que ascienden en esta fase a 295,1 millones.

En consecuencia, dado que el importe de lo retenido supera al de la RPA reconocida, el Estado no tendrá que abonar nada.

En la R-3, Madrid-Arganda del Rey y la R-5, Madrid-Navalcarnero, la responsabilidad de la administración asciende a 423,15 millones, sumando la RPA por obras (562,34 millones) y expropiaciones (39,04 millones) y restando el valor de las inversiones necesarias para la entrega de las instalaciones (76,3 millones) y las indemnizaciones por expropiación (101,92 millones).

Al descontar las retenciones provisionales, el coste para el Estado se reduce a 119,15 millones, que se abonarán en los siguientes tres meses. A esta cantidad debe agregarse el interés correspondiente según lo que establece el Acuerdo de Interpretación.

Para la AP-41, Madrid-Toledo, la RPA reconocida se ha calculado en 108,1 millones - por obras 222,98 millones y por expropiaciones 54,16 millones, descontando el valor de las inversiones necesarias para el reacondicionamiento de 21,52 millones e indemnizaciones a expropiados por 147,51 millones-. Reteniendo los importes para hacer frente a la liquidación de situaciones aún pendientes, el coste para el Estado sería de 52,93 millones, a lo que debe sumarse el interés correspondiente.

Las cantidades correspondientes a estas cuatro autopistas no son definitivas y serán revisadas en las resoluciones complementaria y definitiva, que se determinarán cada seis meses para tener en cuenta las situaciones pendientes de expropiaciones, motivo por el cual se ha retenido en los tres casos parte de la RPA calculada.

Respecto a las autopistas AP-36, Ocaña-La Roda y M-12, Eje Aeropuerto, se ha obtenido la aprobación de la resolución complementaria, después de que se obtuviera la primera resolución del cálculo el pasado 29 de diciembre de 2020. Entonces, el Estado pagó 411,36 millones por la AP-36 y en el caso de la M-12 resultó cero euros por la retención de importes de cuestiones aún pendientes (expropiaciones aún no abonadas y de las que deberá responder la administración).

Esas cantidades no eran aún definitivas, y debían ser revisadas y hoy se publicó la resolución complementaria para tener en cuenta las situaciones pendientes de expropiaciones.

En el caso de la AP-36, se ha calculado nuevamente la RPA y se ha cifrado en 321,36 millones. Con las retenciones, el coste quedaría en 319,6 millones, pero como se pagó una cuantía superior, no deberá abonarse importe por esta autopista.

Para la M-12, se ha recalculado la RPA y se ha cifrado en 64,17 millones, que con las retenciones por los conceptos ya citados quedaría en un coste para el Estado de 46,46 millones, a abonar en los siguientes tres meses.

En lo que respecta al resto de autopistas quebradas, Transportes continúa con la tramitación de los expedientes de cálculo de la responsabilidad de la administración.