Pablo Llarena, portavoz de la APM, dijo a Servimedia que lo planteado por Aguirre es “una posibilidad legislativa que está en otros ordenamientos jurídicos”.

La presidenta madrileña sugirió que el seguimiento de que se cumple la Carta Magna lo hiciese no el Constitucional, sino una sala del Supremo.

En este sentido, Llarena dijo que esta fórmula existe en otros países, por lo que “optar por uno u otro camino es una opción legislativa reconocida en el derecho comparado y posible”.

No obstante, el portavoz de la APM estimó que suprimir el Constitucional y trasladar sus funciones a otro órgano constituye “una opción legislativa que trasciende mucho más allá de una ley ordinaria”.

Por este motivo, concluyó que cualquier cambio en este terreno “supondría una modificación tan esencial como es la del cambio constitucional”, por lo que el Parlamento debería afrontar una reforma de la Carta Magna.

La propuesta de Aguirre de suprimir el Constitucional fue hecha por la presidenta madrileña al hilo de la sentencia de legalización de Sortu, algo que esta responsable autonómica rechaza.