En concreto, destacó que el citado ayuntamiento no cuenta con planes de accesibilidad y no traslada información sobre las partidas presupuestarias que este municipio destina para la eliminación de barreras. También subrayó el incumplimiento en la licitación de contratos, como uno para la adquisición de contenedores de basura por un importe de 4.300.000 euros, “en el que no ha exigido el cumplimiento de la accesibilidad a los proveedores que concursaron al mismo”.

“El contrato publicado para la adquisición de contenedores por un importe de 4.300.000 euros no exige el cumplimiento de la normativa vigente en materia de eliminación de barreras para no discriminar a las personas con discapacidad”, señaló Famma.

Los servicios jurídicos de la federación consideran que, el hecho que una administración realice un contrato de suministros, discriminando su uso a las personas con discapacidad, debido a que no cumple con las medidas de accesibilidad universal, podría suponer la declaración del contrato como nulo por incumplimiento del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Famma explica que “tras recibir múltiples denuncias de ciudadanos con discapacidad del municipio” su presidente, Javier Font, contactó con la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, para preguntarle por las intervenciones, planes de accesibilidad y presupuestos que destinaba al año para eliminación de barreras. La alcaldesa simplemente se limitó a decir que “somos muy sensibles a esta temática” sin más información al respecto, lo que esta Federación interpreta como un “portazo” a la línea de colaboración institucional que hasta la fecha se llevaba a cabo con el municipio.

La federación cree que es “importante que, quienes gestionan fondos públicos, sepan que han de cumplir con normativa que les obliga a llevar a cabo con un alto grado de responsabilidad y también, a que se deberían pensar que los ciudadanos votan todos los días del año y no, solamente, cada cuatro años”.